Crece el temor a un estado policial en México tras aprobarse la reforma penal

México.-  Especialistas en seguridad y derechos humanos se mostraron hoy preocupados por una reforma penal recién aprobada en la Cámara de los Diputados que otorga más poder a la policía en México.

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(EFE)

Agentes del grupo especial de la policía municipal de Toluca, México realizan un operativo para combatir la venta de drogas ilícitas.

Este miércoles el Congreso avaló los cambios constitucionales que crean los juicios orales, permiten a los agentes allanar domicilios sin autorización de un juez y autorizan a utilizar la grabación de comunicaciones telefónicas como prueba en juicios.

El proyecto, que aún deberá revisar el Senado y los congresos estatales, fue respaldado por 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, en una sesión donde los diputados se reservaron casi una veintena de artículos.

En declaraciones a Efe Guillermo Zepeda, del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), resumió el proyecto de ley como un plan para dar "mayores atribuciones a la policía ahora y mejor justicia después".

Lamentó que pese a que a medio plazo llegarían a México los juicios orales "no se desmantela todo el sistema inquisitivo", por el cual las vistas las instruye un juez basándose en un expediente, sin tener audiencia directa con el detenido.

Para Zepeda "es muy agridulce el sabor" que deja esta reforma porque "tenemos una mejor justicia en abstracto y a futuro, y más atribuciones para las autoridades inquisitivas actuales".

Entre lo positivo destacó el hecho de que en México pueda haber en unos años, tras un período de transición, juicios orales, y que haya un impulso a la presunción de inocencia.

Por su parte, el consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, Defensoría del Pueblo) manifestó su "preocupación" por algunas propuestas que pudieran significar un retroceso en materia de derechos fundamentales en el país.

El órgano se pronunció a favor de una reforma penal "que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas".

Para Ernesto López Portillo, del Instituto para Seguridad y Democracia (Insyde), lo aprobado es "en algunos aspectos lamentable, en otros, importante y positivo".

"En la síntesis de conjunto lo que tenemos es un Estado de Derechos con una suerte como de agujeros que van creando excepciones que ponen en peligro el respeto a las garantías (derechos humanos)", aseguró en declaraciones a W-Radio.

El especialista criticó que en México persista la noción de que resolver el problema de la delincuencia organizada se deba hacer mediante "la ampliación de atribuciones de la autoridad" sin que la misma tenga contrapesos.

Para López Portillo los legisladores "están obedeciendo a una presión política y social" para enfrentar un tema en el cual las autoridades siguen estando en deuda con la ciudadanía ya que "no hay un control técnico y político" de la policía.

En el mismo espacio radiofónico el consultor en seguridad Samuel Ruiz advirtió uno de los peligros de la reforma es que extendería los poderes "a 360.000 policías" municipales, estatales y federales que "no están ahora debidamente entrenados".

Esta mañana el Secretario (ministro) de Seguridad Pública, Genaro García Luna, máximo responsable de la policía federal mexicana, garantizó que no se tolerarán los abusos pese a que los agentes cuenten con más poder.

"En ninguno de los casos, en ninguno, se va a permitir que un policía viole la ley, pase por encima de la ley", indicó.