El Constitucional guatemalteco anula el proceso judicial en España contra los militares acusados de genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA.-  El Tribunal Constitucional guatemalteco ha anulado el proceso judicial contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Audiencia Nacional española, ya que el máximo tribunal del país centroamericano considera que España no tiene jurisdicción para procesarles.

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AP (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional guatemalteco ha anulado el proceso judicial contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Audiencia Nacional española, ya que el máximo tribunal del país centroamericano considera que España no tiene jurisdicción para procesarles.

En cuanto se conoció el fallo del Constitucional, grupos indígenas y organizaciones de la sociedad civil lanzaron duras críticas contra el fallo que beneficia a los militares en situación de retiro vinculados al genocidio ocurrido en Guatemala en la década de los ochenta, según informa el diario local 'Prensa libre'.

El Constitucional resolvió el pasado jueves amparar a los generales Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo para que se revoque la orden de captura en su contra. Pero esta medida también favorece a los generales Efraín Ríos Montt (en la imagen), Germán Chupina Barahona y Benedicto Lucas, así como a los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo.

Todos ellos iban a ser juzgados por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala ocurrido el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, y por genocidio en los años ochenta.

Guevara y Chupina se entregaron el 6 de noviembre de 2006 al tener conocimiento de que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de captura con fines de extradición de la Audiencia Nacional. Los demás sospechosos interpusieron una serie de acciones judiciales con las que lograron impedir su captura y posible interrogatorio en Guatemala.

"NO HAY JUSTICIA EN GUATEMALA"

Las fundaciones Myrna Mack y Rigoberta Menchú, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) coincidieron en cuestionar la decisión del Constitucional, ya que señalan que está enmarcada en acciones de beneficio político.

"Esto sólo nos demuestra que no hay justicia en Guatemala y que los casos de genocidio nunca se van a juzgar", manifestó la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, querellante en el proceso, quien se reservó comentar sobre las acciones a seguir para lograr que se haga justicia.

También denunció la actuación del Ministerio Público porque "en más de ocho años no ha hecho nada para resolver el caso", por lo que, según explicó, fue "necesario" acudir a las instancias internacionales. "Aunque no se puedan capturar aquí, a nivel internacional continuarán vigentes las capturas", aseveró Menchú.

"SOBERANÍA DEL PAÍS"

Los magistrados que componen el Tribunal Constitucional de Guatemala, quienes adoptaron el fallo por unanimidad, expresaron que su resolución está "apegada a Derecho" y que lo único que han intentado es "mantener la soberanía del país", indica 'Prensa libre'.

El juez Roberto Molina aseguró que el tribunal ha concedido el amparo a los cinco generales y los dos civiles acusados porque se han encontrado "violaciones al debido proceso" contra ellos, pues "el Estado está para garantizar a sus habitantes la justicia, la seguridad y un debido proceso, así como velar por la soberanía del país".

"En esa sentencia se hace un análisis jurídico e histórico de la participación del Gobierno español en este caso, y el hecho de que no pueden juzgar casos cometidos por guatemaltecos en Guatemala", añadió Molina, quien señaló que otra de las razones es que en el tratado de extradición suscrito entre Guatemala y España no se establece obligación ni compromiso de entregar a los guatemaltecos requeridos por el Gobierno de España, y viceversa.

Con este fallo se ordena restablecer la situación jurídica de los militares y anular la detención provisional, y conmina al Tribunal Quinto de Sentencia que dé cumplimiento en el plazo de tres días a lo resuelto por el Constitucional.

El fallo no es apelable, pero a pesar de ello la Fundación Menchú presentó un recurso de aclaración en el que pidió que se explicara lo resuelto. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada.