Buenos Aires.- Un juez argentino ordenó hoy que Alfredo Astiz y otros ex marinos presos en unidades militares por delitos de represión cometidos durante la última dictadura sean trasladados a cárceles comunes, informaron fuentes judiciales.
De izquierda a derecha, los ex militares Julio Héctor Simón, Luis Jorge Arias Duval, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri y Waldo Oscar Roldán durante la lectura el martes de la sentencia del juicio por la desaparición de seis militantes.
La decisión del juez Sergio Torres fue adoptada tras un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, después de que hace diez días el ex marino Héctor Febres murió por envenenamiento en una dependencia de la Prefectura Naval (guardacostas) en la que estaba detenido a la espera de conocer el veredicto en un juicio en su contra.
La resolución de Torres alcanza, además de Astiz, a los ex marinos Jorge "Tigre" Acosta, Adolfo Donda y Antonio Pernías, Carlos Capdevila, Pablo Velasco y Juan Carlos Rolón, entre otros detenidos en unidades militares.
Torres investiga los crímenes cometidos durante el régimen militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), una de las "megacausas" abiertas en Argentina después de la anulación parlamentaria de las denominadas "leyes del perdón" a represores, en 2003.
Alfredo Astiz, apodado "El Ángel de la Muerte" y cuya extradición han pedido España, Francia y Suecia, es uno de los símbolos de la represión política desatada por el régimen militar que gobernó al país entre 1976 y 1983 y que dejó al menos 18.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
El ex prefecto Febres fue encontrado muerto el 10 de diciembre pasado, cuatro días antes de que se difundiera el veredicto del juicio oral que se le seguía por delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma, la principal cárcel ilegal de la dictadura.
La autopsia determinó que murió por un infarto provocado por una alta dosis de cianuro, lo que motivó la apertura de una investigación judicial para determinar si cometió suicidio o fue asesinado.
Según la prensa, Febres estaba detenido en un recinto de tres ambientes, contaba con teléfono móvil y televisión, además de que su esposa se trasladaba a visitarlo en un automóvil conducido por un agente de los guardacostas.
Febres, de 65 años, era juzgado por cuatro casos de privación ilegal de libertad y torturas a detenidos en la Esma y tenía pendientes otros procesos por crímenes en ese centro ilegal de detención.
Por el fallecimiento de Febres han sido detenidos la esposa y los dos hijos del fallecido, así como dos miembros de la Prefectura Naval encargados de la custodia del acusado.
Al declarar ante la jueza a cargo del caso, los familiares de Febres negaron los cargos que se les imputan como presuntos partícipes de la muerte del ex prefecto y dijeron que ellos no cenaron con el imputado la víspera del fallecimiento, como indicó la pesquisa judicial preliminar.
Por este hecho fue cesado el jefe de la Prefectura Naval, Carlos Fernández.
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