Quito.- El Gobierno de Ecuador debe definir en este mes el aumento salarial que entrará en vigor el próximo 1 de enero, luego que fracasara hoy el diálogo entre los delegados de los sindicatos y la patronal.
Los sindicatos consideran que el salario mínimo mensual de un trabajador, que actualmente asciende a 198,3 dólares, es insuficiente respecto al valor de la cesta básica de productos.
Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera ecuatoriana, dijo a la emisora Radio Quito que en el tema salarial ahora "la pelota está en la cancha del Gobierno".
"Esperamos que el Gobierno haga lo que realmente tiene que hacer", indicó Tatamuez, tras señalar que la Constitución obliga al Ejecutivo a velar por el empleo, los salarios, la igualdad y por todos los derechos laborales.
Según el líder sindical, los trabajadores ecuatorianos requieren un incremento que vaya acorde con el sistema de dolarización que rige en el país desde el año 2000 y que sustente el costo mensual de la cesta familiar básica de productos, de 469,57 dólares.
"El Gobierno tiene que pensar en que, si queremos que (el salario) llegue a cubrir la canasta básica, en un país como el nuestro, caro y dolarizado, tiene que alentar un aumento que no sea de centavos", sostuvo Tatamuez.
Los sindicatos consideran que el salario mínimo mensual de un trabajador, que actualmente asciende a 198,3 dólares, es insuficiente respecto al valor de la cesta básica de productos, incluso si se considera que el ingreso promedio de una familia se calcula en 317,34 dólares.
Por su lado, Pablo Dávila, representante legal de los empresarios ante el Consejo Nacional de Salarios (Conades), señaló que la propuesta de su sector se basa en el índice de inflación anual, que en noviembre fue de 2,7 por ciento.
Dávila calificó como "inmanejable" para su sector la propuesta de los sindicatos, que plantean un aumento de 60 dólares mensuales.
El delegado de la patronal pidió al Gobierno que defina, con base en un estudio técnico, el aumento salarial que debe entrar en vigor el próximo 1 de enero.
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