Buenos Aires.- La Justicia argentina se incautó de armas de grueso calibre y municiones en las viviendas donde dos ex policías cumplen prisión domiciliaria por crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), informaron hoy fuentes judiciales.
En registros ordenados el miércoles se incautaron fusiles con miras telescópicas, pistolas de nueve milímetros, entre otras armas, además de cajas de municiones.
Los arsenales fueron hallados en la casa de Osvaldo Sertorio, en la ciudad balneario de Mar del Plata, y de Rodolfo Campos, en Buenos Aires, a raíz de denuncias de un abogado querellante en el proceso que se les sigue, indicaron.
Sertorio y Campos, ex miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la mayor fuerza de seguridad del país, están presos en sus domicilios a la espera de ser juzgados por desapariciones de personas y el robo de la menor Clara Mariani, nieta de la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, María Chorobik de Mariani.
En registros ordenados el miércoles por el juez federal Arnaldo Corazza, a ambos acusados se les incautaron fusiles con miras telescópicas, pistolas de nueve milímetros, entre otras armas, además de cajas de municiones, señalaron las fuentes.
El hallazgo del arsenal en poder de los ex policías coincidió con renovadas reclamaciones de organismos humanitarios para que los detenidos por crímenes de lesa humanidad sean enviados a cárceles comunes.
El 10 de diciembre último el ex prefecto Héctor Febres fue hallado muerto envenenado con una alta dosis de cianuro en el apartamento de tres ambientes de una dependencia de los guardacostas donde estaba detenido a la espera del veredicto de un juicio por crímenes cometidos en la mayor cárcel de la dictadura.
Febres murió a falta de cuatro días de que se le dictara sentencia, lo que desembocó en la destitución del jefe de la Prefectura Naval (guardacostas) y la detención de la viuda y los hijos del ex prefecto y de dos oficiales de la fuerza de seguridad.
La denuncia de que Sertorio y Campos poseían un arsenal en sus casas fue presentada al juez Corazza por Raúl Ramos Padilla, el abogado de Chorobik de Mariani, quien no ha hallado a su nieta robada cuando era bebé por grupos para-policiales en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
"No es posible que luego de lo ocurrido con Febres la justicia siga sin supervisar el modo en que se conceden y otorgan beneficios" a los acusados, dijo Ramos Padilla, quien reclama que Sertorio y Campos vayan a una cárcel común.
"Esta es una cuestión de sentido común porque ningún preso puede tener armas, y mucho menos los genocidas acusados de cometer delitos de lesa humanidad", remarcó el abogado a radios locales.
Las Abuelas de Plaza de Mayo han hallado adultos a unos 88 de los 500 niños que según denuncias fueron robados a sus padres desaparecidos a manos de la dictadura.
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