Washington.- La Embajada argentina en Washington entregó al Departamento de Estado la petición de extradición ampliada del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, buscado por la Justicia de ese país por presunto contrabando de dinero y ahora también por lavado de dinero.
Antonini (en la imagen)y que también tiene la ciudadanía estadounidense, intentó a principios de agosto entrar en Argentina con un maletín en el que llevaba 800.000 dólares sin declarar.
Fuentes diplomáticas confirmaron a Efe que la petición, cursada por la juez argentina María Marta Novatti, fue entregada el día de ayer a las autoridades competentes del Departamento de Estado.
La sección de Asesoría Legal del Departamento de Estado revisará ahora el original para decidir si cumple los requisitos establecidos en el tratado de extradición de 1997 entre ambos países.
Después remitirá el documento al Departamento de Justicia que hará lo mismo y dará la orden a un juez competente para que ejecute la extradición de Antonini.
Pero, de momento, el Departamento de Estado no ha confirmado si ha recibido la documentación ya que, como recordó a Efe una portavoz, "su política es no comentar procesos de extradición".
La nueva petición de extradición fue entregada pocos días después de que la juez Novatti la remitiera a la cancillería argentina, que la envió inmediatamente a su Embajada ante la Casa Blanca.
Las fuentes consultadas explicaron que la extradición podría llevar tiempo, pues es un proceso lento y difícil.
Así, en la primera petición de la juez Novatti, EE.UU. hablaba de un plazo de hasta un año para formalizar la extradición de Antonini por el llamado "caso del maletín", según las fuentes consultadas.
Antonini, de 46 años y que también tiene la ciudadanía estadounidense, intentó a principios de agosto entrar en Argentina con un maletín en el que llevaba 800.000 dólares sin declarar.
El empresario permanece prófugo de la Justicia argentina.
El 4 de agosto la Aduana argentina se incautó de los 800.000 dólares que el empresario intentó introducir en el país cuando llegaba en un vuelo procedente de Caracas junto con funcionarios argentinos y venezolanos.
El avión había sido alquilado por la estatal Energía Argentina (Enarsa), y en él viajaron altos cargos de esa empresa y de la también estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El caso produjo tensiones entre Estados Unidos y Argentina en diciembre por la sospecha del FBI y de la Fiscalía norteamericana de que los 800.000 dólares decomisados a Antonini estaban destinados a la campaña a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El escándalo tomó forma después de que la fiscalía declarara en una audiencia que tenía evidencias de que el dinero interceptado era para la campaña de la recién electa presidenta de Argentina.
La audiencia se celebró a raíz de la detención en Miami de cuatro personas bajo los cargos de conspirar para actuar como agentes al servicio de Venezuela y en conexión con el empresario Guido Antonini Wilson.
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