Investigan si represor muerto por cianuro fue a España cuando estaba detenido

Buenos Aires.-  La Justicia argentina investiga si Héctor Febres, quien murió envenenado con cianuro en vísperas del veredicto del juicio al que era sometido por delitos cometidos en la dictadura, viajó a España cuando ya estaba detenido, según consta en una resolución judicial divulgada hoy.

ampliar foto

(EFE)

Fotografía sin fechar del ex marino fallecido Héctor Febres al salir de un tribunal. Febres fue hallado muerto el pasado 10 de diciembre en la dependencia de la Prefectura Naval de la periferia de Buenos Aires donde estaba preso.

La jueza a cargo del caso, Sandra Arroyo, incautó en su celda una multa de tránsito expedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por una infracción a normas de tráfico cometida en Toledo el 21 de septiembre de 2005, cuando el ex prefecto ya se encontraba detenido por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

En la multa figura el domicilio real del ex prefecto en el barrio porteño de Palermo, su número de documento y su apellido, pero con el nombre de pila Alfredo, según consta en un escrito judicial de la causa difundido hoy por la prensa local.

Como consecuencia, la magistrada libró un exhorto a España y un pedido a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina para que se informe si existen registros del viaje de Héctor Febres, precisó hoy el diario Página/12.

"En verdad, podría resultar impensable que Febres, detenido, pueda haber viajado a dicha ciudad cuando no obra constancia de haber sido trasladado a España sin previa autorización de las judicaturas a cuya disposición se encontraba. Sin embargo, el estado embrionario de la pesquisa impone que dicha cuestión quede, al menos por el momento, en estado de incógnita", puntualiza la jueza en el escrito.

Febres fue hallado muerto el 10 de diciembre, cuatro días antes de la jornada programada para la lectura del veredicto en el juicio que se le seguía por su actuación en el centro clandestino de detención y torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Por el caso se encuentran detenidos y procesados por homicidio agravado los prefectos (guardacostas) Rubén Iglesias y Angel Volpi, que custodiaban a Febres en una delegación de la Prefectura Naval, a las afueras de Buenos Aires.

También se encuentran procesados por el presunto delito de encubrimiento de homicidio agravado por el vínculo la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y los hijos del matrimonio, Sonia Marcela y Héctor Ariel, aunque los tres fueron liberados el pasado viernes.

La investigación judicial detalla además los privilegios a los que accedía el ex prefecto durante su detención y las comodidades que tenía en su celda, ajenas a otros presos.

Febres estaba detenido en un recinto de tres ambientes, tenía llaves de su habitación, contaba con teléfono móvil, un ordenador y televisión, además de que su esposa se trasladaba a visitarlo en un automóvil conducido por un agente de los guardacostas.

En este marco, fuentes judiciales no descartaron que Arroyo cite a declarar al ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Fernández, destituido de su cargo en diciembre pasado por este caso.

En una resolución judicial de la causa, la magistrada también considera que Febres fue asesinado para "silenciar al que intente revelar datos o información de los hechos vinculados a las violaciones de los derechos humanos durante el último Gobierno de facto".

El ex prefecto, de 65 años, estaba siendo juzgado por cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la ESMA y tenía pendientes otros procesos por crímenes, en el que fuera el mayor centro ilegal de detención durante la última dictadura.