Guatemala, con el apoyo de la ONU, inicia la batalla contra las mafias y la impunidad

Guatemala.-  Con la instalación hoy de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), este país inicia la batalla contra las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado y que se han convertido "en la piedra angular de la impunidad".

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(EFE)

Eduardo Stein (d), vicepresidente de Guatemala, y el secretario general para Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, durante la inauguracion de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La CICIG, una instancia aprobada por el Parlamento guatemalteco en agosto pasado y que es auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a petición del Gobierno guatemalteco, inicia sus operaciones con un amplio respaldo de la sociedad civil y la comunidad internacional.

El secretario general adjunto de la ONU, Lynn Pascoe, dijo durante el acto oficial de instalación de la CICIG, que con esta "iniciativa innovadora" Guatemala, con el apoyo de la ONU y la comunidad internacional, inicia una ardua batalla "para investigar y desmantelar las redes ilícitas que constituyen la piedra angular de la impunidad".

La comisión, que será dirigida por el jurista español Carlos Castresana, estará integrada por un equipo de cerca de 200 profesionales expertos en justicia criminal, mitad guatemaltecos y mitad extranjeros, y tendrá una duración de dos años, prorrogables por un período similar, para realizar sus titánicos propósitos.

Castresana explicó que aunque cuenta con "algunas ideas generales" sobre los primeros casos que abordará la comisión, aún no han definido con precisión los mismos, debido a que "existen múltiples peticiones" de diversos sectores.

El jurista señaló que le preocupan "las actuales y las pasadas" víctimas de las bandas del crimen organizado que generan la impunidad en este país centroamericano, pero que "la principal preocupación de la CICIG son las que podrían ser futuras víctimas" de estos grupos delictivos.

"Guatemala es hoy un lugar poco propicio para la justicia, en donde es urgente que se aplique la ley por igual a todas las personas, sean estas funcionarios o particulares" para desterrar la impunidad, precisó Castresana.

El vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, principal promotor de esta instancia, reconoció a Castresana su "valentía personal para asumir esta responsabilidad", y aclaró que la CICIG "viene a ayudar" a las instituciones del Estado encargadas de velar por la seguridad y la justicia "y no a suplantarlas".

El mandato de la misión establece que ésta, además de investigar "con absoluta independencia del Gobierno" y de cualquier instancia guatemalteca, a las mafias y grupos del crimen organizado que han penetrado las estructuras del Estado, también podrá constituirse como querellante ante los tribunales locales para garantizar que los responsables de estos hechos sean condenados.

Además, le ordena capacitar técnica y científicamente a los fiscales del Ministerio Público y a los agentes de la Policía Nacional Civil para evitar el surgimiento posterior de grupos similares.

La CICIG, precisó Stein, "es un paso innovador que va más allá de las disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", porque incluye el apoyo individual de países amigos de Guatemala para "hacer frente a estos desafíos y dificultades nuevas, que los Estados no tenemos capacidad propia de hacer frente solos".

Los llamados "grupos paralelos de seguridad, que han venido a comprometer nuestra institucionalidad", agregó Stein, se originaron durante la guerra interna que padeció Guatemala entre 1960 y 1996, la cual debilitó las estructuras del Estado y permitió la creación de grupos delictivos que, apoyados en éstas, crearon fuerzas criminales clandestinas.

Para su funcionamiento, durante los dos primeros años, la CICIG requerirá de un presupuesto de 30 millones de dólares, que serán aportados por la comunidad internacional, y de los que, según Castresana, ya han sido comprometidos 21 millones de dólares.

Entre los países que han aportado apoyo financiero a la comisión se encuentra Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido.