Madrid.- El fiscal pide 14 años de prisión para la etarra Nerea Garaizar por planear el asesinato en 2001 del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, hechos por los que será juzgada en la Audiencia Nacional el próximo miércoles.
La etarra Nerea Garaizar Sanmartín, a su llegada al aeropuerto madrileño de Barajas procedente de París, tras ser entregada por Francia en marzo del año pasado.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Garaizar formaba, junto con la ya condenada por estos hechos Alicia Saez de la Cuesta, un comando terrorista que se introdujo en Galicia con el fin de matar a Fraga después de que la dirección de ETA decidiera en 1999 atentar contra él.
Ambas, como miembros del denominado comando "Zapaburu", realizaron además desde octubre del año 2000 hasta febrero de 2001 seguimientos y recabaron información sobre varios políticos gallegos y una furgoneta de la Policía Nacional.
Sobre Fraga realizaron varias informaciones, en concreto los horarios, recorridos, costumbres, domicilio, lugar de veraneo y presencia de escoltas para localizar "cualquier punto que pudiera resultar más idóneo" para colocar un coche bomba y darle muerte", relata el fiscal que explica que la acción no pudo llevarse a cabo gracias a las medidas de seguridad adoptadas por el ex presidente de la Xunta.
El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio terrorista en grado de conspiración.
Garaizar, condenada por el Tribunal de Gran Instancia de París en diciembre de 2005 por el delito de asociación de malhechores, fue entregada por las autoridades francesas el pasado 5 de marzo.
Por otra parte, el fiscal pide 15 años de prisión para Andoni Azpiazu por entregar en 1999 un artefacto explosivo compuesto por 400 gramos de pólvora y un temporizador que fueron utilizados en el intento de atentado contra una sucursal del Banco Santander en Pamplona.
Por esta acción, por la que Azpiazu será juzgado mañana en la Audiencia Nacional, ya fueron condenados otros cinco acusados, que aceptaron en 2005 las penas de entre un año y nueve meses y cuatro años de prisión propuestas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Según el fiscal, Azpiazu entregó un artefacto explosivo a Obai Ayensa quien, acompañado por Sergio Medina, lo trasladó en un vehículo con el que iban a cometer el atentado probablemente contra el cajero de un banco, cuando éste les explotó de manera fortuita.
El fiscal acusa a Azpiazu de un delito de colaboración con banda armada y otro de tenencia de explosivos con fines terroristas.
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