Las Palmas de Gran Canaria.- El PSC-PSOE acusó hoy al Gobierno regional de boicotear la ley de Dependencia en Canarias, de la que podrían beneficiarse 6.402 personas, lo que en opinión de su secretario general, Juan Fernando López Aguilar, significa que el ejecutivo autonómico es "antisocial" y "desprecia a los más pobres".
El presidente del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Canarias, Juan Fernando López Aguilar.
"El Gobierno está boicoteando la ley de Dependencia en Canarias", afirmó la diputada regional Francisca Luengo, con el propósito de atribuir el "supuesto fracaso" de la ley al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, "importándoles un bledo el sufrimiento humano de tantos dependientes, así como el de sus familiares".
Tras referirse a que la Consejera de Bienestar Social de Canarias ha expresado su intención de desplazar al primer trimestre del año 2008 la prestaciones económicas de dicha ley, la diputada socialista subrayó el derecho que tienen sus beneficiarios a percibir la ayudas con efectos retroactivos al momento en el que lo solicitaron en 2007, para lo que pueden, incluso, recurrir a la vía administrativa o judicial.
Francisca Luengo aseguró que unas de las virtudes de la Ley de Dependencia es que "desnuda a los gobiernos" que han de ponerla en práctica, pues su grado de implantación evidencia cuáles son sus intereses, "si el económico de unos pocos o el de miles de familias indefensas que no pueden valerse por sí mismas".
Los socialistas afirman que no hay "nada" pendiente por parte del Gobierno de España que impida el cumplimiento de la ley de Dependencia en Canarias, ya que legisló y transfirió los fondos necesarios acordados en el Consejo Interterritorial con todas las comunidades autónomas.
Sin embargo, en Canarias, con competencias exclusivas en servicios sociales, no se ha aprobado todavía la normativa autonómica que permite hacer efectivas las prestaciones, y "sólo se están valorando a las personas", hasta la fecha 1.130 personas, lo que representa el 17% de los beneficiarios, explicó la diputada Francisca Luengo.
La diputada acusó al Gobierno canario de confundir la ley de Dependencia con los planes sectoriales en la materia, por lo que mezcla "peras con manzanas", ya que la nueva legislación produce "un cambio sustancial" de los servicios sociales en España, al establecer un sistema universal para todos los dependientes, "igual que la sanidad, la educación o las pensiones".
Para Luengo, los actuales planes sectoriales son insuficientes para atender la demanda de plazas en Canarias, mientras que la ley de Dependencia establece nuevos servicios y prestaciones que no han de confundirse con los ya existentes.
La ley de Dependencia contempla prestaciones mensuales de 811,98 euros de asistencia personal y vinculada al servicio, y de 506,96 euros para los cuidadores familiares.
Para la diputada socialista, el Gobierno canario "no quiere implantar" la ley de Dependencia porque no cree en ella, sino que prefiere el "sistema anterior de la beneficiencia" que "le permite hacer política con los más indefensos y necesitados".
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