Santander.- El Gobierno regional está estudiando la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha anulado las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), por no haber sometido a información pública su estudio de impacto ambiental.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlasca (d) acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, durante una conferencia sobre delitos fiscales.
Además, el Ejecutivo cántabro está analizando la posibilidad de someter a información pública el informe de impacto ambiental, con el fin de subsanar la ausencia de este trámite, que ha motivado la anulación de las NUR.
Tras una primera valoración de la sentencia, que está siendo estudiada por los servicios jurídicos del Gobierno, la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo ha destacado que la causa de la anulación de las NUR es "meramente formal", y ha augurado que la nulidad "no llegará a producirse".
En este sentido, se ha referido a la posibilidad de "corregir" el defecto en la tramitación señalado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), mediante el sometimiento a información pública del informe de impacto ambiental.
En este sentido, la Consejería de Obras Públicas ha recordado que el propio TSJC ha "lamentado" en su fallo tener que adoptar una solución "tan drástica", "frente a una Administración que ha dado muestras sobradas de receptividad a la normativa comunitaria" en materia medioambiental, en referencia al Ejecutivo cántabro.
Según el Gobierno regional, esta aseveración que recoge la Sala de lo Contencioso Administrativo en su fallo supone "el reconocimiento evidente" de que el Ejecutivo "en ningún momento ha pretendido obviar la normativa vigente".
La Consejería ha enfatizado que la información pública del informe de impacto ambiental "no era un requisito exigible" cuando comenzó la tramitación de las NUR, e incide en que "sólo llegó a serlo a posteriori", como consecuencia de las trasposición, antes de la aprobación definitiva, de una directiva europea "con efectos retroactivos".
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