Málaga.- La ex concejala del PP en el Ayuntamiento de Málaga Rosa Agüera, que fue destituida por el alcalde, Francisco de la Torre, por pérdida de confianza al trascender un informe confidencial sobre su vida privada, ha renunciado a ir en la lista popular al Parlamento de Andalucía por Málaga ya aprobada.
La concejala popular Rosa Agüera (i) en un pleno celebrado en Málaga.
Fuentes del PP han informado hoy a Efe de que menos de 24 horas después de que el comité electoral provincial de esta formación aprobara las candidaturas electorales en las que figuraba Agüera como número once, ella ha comunicado que no formará parte de la misma y que está centrada en su carrera profesional como abogada.
La propuesta de inclusión a Rosa Agüera la efectuó a última hora de ayer el comité, que preside el ex diputado Manuel Atencia, según las fuentes, que precisan que no se habló previamente con ella.
La ex edil, que forma parte de la ejecutiva provincial popular, ha agradecido, según las fuentes, que se contara con ella para la lista de la fuerza en la que sigue militando y por la que han indicado que trabajará, aunque "en su idea no está ir en ninguna candidatura electoral".
La renuncia de Agüera hará que tenga que correr la lista a partir del integrante número doce, de forma que asciendan para cubrir la vacante, y además tendrá que incorporarse otra persona de las previstas como suplentes hasta completar los dieciséis puestos.
La ex concejal, que ha venido acudiendo a actos de su fuerza política como una afiliada más, fue destituida en junio de 2005 como responsable del Distrito Centro, pero no dimitió como edil y siguió con su acta hasta agotar el mandato el pasado año.
Llevó a los tribunales el caso del informe confidencial que trascendió con numerosos datos de su vida privada y profesional y su defensa pidió inicialmente que declarasen como imputados por la filtración del documento el entonces director de Seguridad del Ayuntamiento y coordinador general de los distritos, Carlos Rubio, y el superintendente jefe de la Policía Local, Pascual Sánchez-Bayton.
Su abogado llegó a pedir también cuatro años de prisión y tres de inhabilitación para el oficial de la Policía Local que redactó su informe y que se le condenara por delito de descubrimiento y revelación de secretos, pero la sentencia del caso fue absolutoria.
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