Palma.- La titular del juzgado de instrucción 5 de Palma, Ana San José, ha ordenado el sobreseimiento y archivo de una querella interpuesta por el PP contra la actual consellera de Trabajo, Margarita Nájera, a la que acusaba de prevaricar cuando era alcaldesa de Calviá por encargar el llamado "informe Maquiavelo".
Margarita Nájera; Francesc Antich, y el director general de Empresa de la Comisión Europea, Pedro Ortún (de izquierda a derecha) durante la inauguración del I Congreso Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas Turísticas.
La querella, que presentó el actual alcalde de Calviá, Carlos Delgado, cuando era portavoz de la oposición y repitió el PP cuando Nájera fue nombrada consellera, se refiere a diecisiete expedientes de contratación del consistorio calvianense en favor de la empresa Estrategia Local y al supuesto informe de prospección electoral, cuyo encargo y autoría no han sido acreditados.
La magistrada señala que, dada la falta de seguridad informática en el Ayuntamiento, que el documento apareciese en el ordenador del entonces concejal socialista Antoni Manchado no permite atribuirle su realización, ni el estilo del texto permite responsabilizar de él a Estrategia Local.
"Este documento parece responder a una tosca y simplista estrategia electoral, apareciendo como incomprensible que siendo su contenido reflejo de un nivel intelectual imperfecto por parte de su desconocido autor haya podido ser objeto de comentarios y reflexiones en los medios de comunicación", añade la juez.
En el auto, que ha sido hecho público por el PSIB, se argumenta el archivo de la querella contra Nájera, el responsable de Estrategia Local, Albert Calderó, Manchado, Manuel Suárez y Javier Bsutamante en la falta de acreditación "de delito alguno".
El actual alcalde de Calviá y su partido, que en 2007 reiteró la querella con la petición de que fuera tratada por el Tribunal Superior de Justicia por la condición de aforada de Nájera, habían acusado a estas personas de prevaricación, falsedad documental y malversación o defraudación de fondos públicos.
Una vez descartado el traspaso de la querella al Tribunal Superior de Justicia porque el juzgado de instrucción es competente para la incoación de una causa aunque los acusados sean aforados, la juez apunta que las irregularidades señaladas en la contratación de diecisiete servicios a Estrategia local no presenta visos de ilegalidad.
La jueza San José subraya que los testimonios propuestos por los querellantes abundan en esta falta de pruebas de ilegalidad, recuerda que los concejales del PP, entonces en la oposición, tenían conocimiento de los procesos de contratación sin plantear recurso alguno en su contra y abunda también en que "los trabajos contratados no carecían de contenido ni eran inexistentes".
La magistrada argumenta de la misma forma contra la acusación de malversación y recalca que no se han aportado pruebas que demuestre que los pagos del Ayuntamiento de Calviá a Estrategia Local servían para financiar de forma encubierta trabajos destinados al PSOE de Calviá.
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