La Constituyente fija un tope salarial de 5.000 dólares en la Administración ecuatoriana

Quito.-  La Asamblea Constituyente de Ecuador estableció hoy una remuneración máxima mensual de 5.000 dólares para el sector público y otras medidas que afectan a la "burocracia dorada", como se conoce a los funcionarios que gozan de elevados salarios y bonificaciones.

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(EFE)

El mandato prohíbe la creación o reinstauración de complementos remunerativos, bonificaciones y beneficios económicos adicionales que, sumados a los que componen la remuneración mensual unificada, superen los 5.000 dólares. En la foto una sesión plenaria de la Asamblea Constituyente ecuatoriana.

El llamado "Mandato Constituyente 2", aprobado con el voto de 89 de los 130 integrantes de la Asamblea, pretende "erradicar las inequidades remunerativas que actualmente existen en el sector público", según un comunicado de ese órgano.

La Asamblea, dominada por Alianza País, el movimiento del presidente Rafael Correa, fue elegida para redactar una nueva Constitución pero, amparada en sus plenos poderes, legisla en reemplazo del Parlamento, al que cesó de forma indefinida en noviembre pasado, lo que ha sido duramente criticado por la oposición.

A partir de ahora, nadie en el sector público de Ecuador podrá percibir un sueldo mayor de 5.000 dólares.

"Las personas que superen ese límite deberán bajarse al máximo fijado y en ninguna entidad sujeta al mandato se pagarán utilidades", puntualizó la Asamblea.

En esta remuneración máxima unificada no están incluidos el décimo tercero y el décimo cuarto sueldos o remuneraciones, viáticos, movilizaciones y subsistencias, horas suplementarias y extraordinarias, subrogación de funciones o encargos, entre otros.

El mandato prohíbe la creación o reinstauración de complementos remunerativos, bonificaciones y beneficios económicos adicionales que, sumados a los que componen la remuneración mensual unificada, superen los 5.000 dólares.

En cuanto a liquidaciones e indemnizaciones, se establece que por cada año de servicio el funcionario recibirá 1.400 dólares (siete salarios básicos unificados del sector privado).

Además, fija un techo máximo de 42.000 dólares (210 salarios básicos unificados) en el caso de supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación. No están incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La Asamblea aclaró que quienes se acojan a las indemnizaciones no puedan regresar al sector público.

En el "Mandato Constituyente 2" no se incluyen los funcionarios del servicio exterior, de la fuerza pública o de otras instituciones del Estado que se encuentren cumpliendo funciones diplomáticas, consulares o de agregaduría en el exterior.

En la sesión, que terminó a la madrugada, 128 asambleístas respaldaron el pedido del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a la Fiscalía para que de manera "urgente y prolija" investigue las denuncias de presuntos hechos de corrupción en los que pueden estar involucrados miembros de la Asamblea.

Según la denuncia hecha pública por el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, supuestamente se intentaba sobornar a 25 asambleístas de la mayoría para que bloqueen el trabajo del cuerpo colegiado y apoyen la reinstalación del Parlamento, cesado indefinidamente por la Asamblea en noviembre pasado.