La huelga moviliza muchos menos funcionarios franceses que la de noviembre

París.-  Miles de funcionarios se manifestaron hoy en París y otras ciudades de Francia para pedir aumentos salariales y denunciar el recorte de puestos, en una jornada de huelga mucho menos seguida, excepto en la educación, que la anterior del pasado noviembre.

Convocada por siete de los ocho sindicatos del gremio y apoyada por la izquierda a siete semanas de las elecciones municipales, era la tercera jornada de acción en la función pública desde que el conservador Nicolas Sarkozy asumió la Presidencia el pasado mayo, resuelto a reemplazar a sólo uno de cada dos funcionarios que se jubilen en los cinco años de su mandato.

Las 132 manifestaciones registradas en todo el país congregaron a 400.000 personas, según el sindicato CGT, y a 217.500, según la policía. El pasado 20 de noviembre eran 700.000 y 350.000, respectivamente.

En París, hubo 17.000 participantes, según la policía, y 35.000 según los sindicatos, o sea, la mitad que en noviembre.

A la huelga estaban convocados los cinco millones de funcionarios franceses (Estado, colectividades territoriales y hospitales).

A media jornada, según el Gobierno, el seguimiento global del paro era del 13,2 por ciento, frente a un 21% el 20 de noviembre. Aunque los cálculos de los sindicatos superaban los del Gobierno, también reflejaban una caída sobre la anterior jornada de acción.

Aunque faltan las cifras definitivas sobre la huelga, los sindicatos no han cumplido su apuesta de superar la movilización de noviembre, como querían para doblegar al Gobierno conservador.

El ministro de Presupuesto, Eric Woerth, para quien la huelga de hoy es una "mala respuesta", dijo que en las negociaciones del 18 de febrero anunciará el aumento del índice que sirve de base para calcular la remuneración de los funcionarios.

No quiso adelantar el posible aumento para 2008, a la vez que reafirmó su voluntad de poner en marcha un mecanismo de garantía individualizada del poder adquisitivo de los funcionarios.

Una postura que los sindicatos rechazan, al exigir una revalorización global de los sueldos y compensar, además, la pérdida de poder adquisitivo sufrido en los últimos años.

"Queremos que la revalorización de los salarios esté en el orden del día", afirmó el líder de la CGT, Bernard Thibault, para quien la cita de febrero es demasiado lejana teniendo en cuenta "la urgencia que hay para el poder adquisitivo".

Consciente de que un 57% de los franceses, según un sondeo, consideraba justificada la huelga de hoy, el líder del principal sindicato de docentes (FSU), Gérard Aschieri, dijo que una política salarial "ambiciosa" en la función pública puede servir de tirón para los demás.

La falta de mejora del poder adquisitivo se ha convertido en un lastre para Sarkozy, cuyo lema de campaña era "trabajar más para ganar más" y que prometió ser "el presidente del poder adquisitivo".

El incumplimiento de esa promesa, junto a la mediatización de su vida privada -sus vacaciones lujosas con su nueva compañera, la cantante y ex modelo italiana Carla Bruni en Egipto y Jordania-, explican, según los analistas, su fuerte caída de popularidad.

"No queremos a Cécilia, no queremos a Carla, queremos poder de compra", corearon los manifestantes -en alusión al nuevo amor de Sarkozy y a la que era hasta octubre su segunda esposa-, "Sarko apaga tu show, danos euros" o "menos Carla, más poder de compra".

Otras pancartas pedían "salarios decentes, jubilaciones decentes" o denunciaban "91.000 recortes de puestos para 2012".

Además de reclamar una subida salarial -el Instituto Nacional de Estadística dice que un 17% de los funcionarios han perdido poder adquisitivo desde 2002-, los manifestantes protestaban contra el recorte de efectivos.

Para este año, el Gobierno ha previsto eliminar 22.900 puestos de funcionarios (de los cuales 11.200 en la enseñanza), y unos 35.000 al año desde 2009, dentro de la reforma global de la administración pública impulsada por Sarkozy.

Una polémica novedad en esta jornada de movilización ha sido el estreno de servicios mínimos en los centros escolares.

Según el ministro de Educación, Xavier Darcos, unos 2.000 municipios de un total de más de 36.000 estrenaron el dispositivo, denunciado por la oposición de izquierdas y los sindicatos, y por el que el Estado sufraga parte del gasto de un servicio local de acogida (no de clases) para suplir la huelga de los docentes.