Madrid.- La Fiscalía ha solicitado hoy al Tribunal Supremo la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), partido del que dice que pone todos sus recursos, financieros y políticos, a disposición de Batasuna.
La demanda, de 109 folios, va acompañada de la petición a la sala del 61 del Alto Tribunal para que, como medida cautelar, acuerde la suspensión de toda clase de actividades de ANV como partido político a la mayor brevedad y, a ser posible, antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo.
La Fiscalía recuerda que, desde su inscripción como partido, ANV sólo había participado en las elecciones de 1977 hasta que, tras "la ilegalización de los partidos políticos hasta entonces 'depositarios' de los postulados políticos de ETA", se presentó a las municipales del año pasado.
Dice también que aunque ya en ese momento se observó que ANV mantenía "unos planteamientos próximos al mensaje tradicional de la izquierda abertzale", no ha sido hasta ahora, gracias a los informes policiales, cuando ha quedado acreditada su subordinación a las directrices y objetivos de Batasuna.
Así, y aunque la demanda reconoce que la "contaminación" de algunas de las listas de ANV por parte de Batasuna ya tuvo lugar en los comicios de 2007, recuerda asimismo que el Tribunal Constitucional dijo que la ilegalización de todo el partido por ese motivo hubiera resultado "desproporcionada" en ese momento.
Desde entonces, sin embargo, los dirigentes de ANV, en sus manifestaciones públicas, "van identificándose plenamente con el discurso y la estrategia de los partidos ilegales", especialmente en lo relativo "a la minimización, cuando no el apoyo tácito o explícito, de los actos de violencia política o de sus autores, o de la defensa o justificación de los mismos".
Así, lo que en principio era una "más o menos ambigua remisión al texto de los estatutos de ANV, en los que explícitamente se proclama una genérica posición de rechazo a la violencia", se convirtió tras la constitución de los Ayuntamientos en "aproximación a un discurso justificativo o minimizador del terrorismo y la violencia".
Esto ha ocurrido, señala la Fiscalía, tras el atentado de ETA contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango (Vizcaya) el 24 de agosto de 2007, tras el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia) el 1 de diciembre y tras la detención el pasado día 6 de los supuestos autores del atentado contra la T-4, para los que la alcaldesa de Hernani pidió un aplauso.
La demanda destaca que ANV pone a disposición de Batasuna todos sus recursos, "no sólo los de orden económico o financiero (...), sino, en general, su propia capacidad de acción política y muy señaladamente su presencia en el ámbito institucional en el que tiene representación".
En este sentido, el fiscal dice que ANV "incorpora a su imagen y su proyección pública la identidad del discurso y apariencia formal del discurso de Batasuna", excediendo "con mucho" la mera coincidencia ideológica o la convergencia de intereses.
Parte de ese discurso se centra en el rechazo, impulsado por ETA y organizaciones de su entorno, al paso del tren de alta velocidad por el País Vasco, que se ha materializado a lo largo de los últimos meses en numerosos actos de sabotaje contra las obras de construcción.
"ANV se ha sumado de manera activa y decidida a esas iniciativas, dando por tanto explícita y pública cobertura a esa actividad terrorista amenazante, intimidatoria y de presión", dice la Fiscalía, que enumera varias iniciativas de miembros de este partido contra el tren de alta velocidad.
Otro ejemplo del "reparto de papeles" entre Batasuna -que emite las consignas- y ANV -que las reproduce públicamente en el marco institucional- son las campañas contra la anulación de listas electorales de la izquierda abertzale y contra los partidos a los que acusaban de "robarles" concejales.
En el plano económico, las Fuerzas de Seguridad han aportado pruebas de que Batasuna impuso una serie de directrices a ANV, como la apertura de cuentas bancarias en los municipios donde tuvieran representación para controlar mejor el ingreso de fondos institucionales.
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