Magistrados venezolanos destituidos en 2003 buscan condena contra el Estado

San José.-  Tres magistrados venezolanos que fueron destituidos en 2003 de sus cargos en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo buscan hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena contra el Estado por estos hechos.

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(EFE)

El caso se refiere a una denuncia contra Venezuela por la destitución de los jueces el 30 de octubre de 2003 por haber incurrido en un "error judicial inexcusable".

En el marco del juicio por este caso, los jueces de la Corte escucharon hoy los testimonios de los magistrados destituidos Juan Carlos Apitz y Perkins Rocha Contreras, ante los interrogatorios de sus representantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los agentes del Estado.

La otra magistrada destituida es Ana María Ruggeri, quien estuvo presente en la sala.

El caso se refiere a una denuncia contra Venezuela por la destitución de los jueces el 30 de octubre de 2003 por haber incurrido en un "error judicial inexcusable", cuando, según la defensa, "lo que existía era una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas".

La CIDH alegó en su demanda que el despido de los magistrados es una "grave violación de su derecho a un debido proceso por la falta de motivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su disposición un recurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la destitución de que fueron objeto".

Además, aseguró que los jueces "fueron destituidos por razones estrictamente políticas, a fin de dar paso a otros jueces cercanos al oficialismo y al ideario político del actual Gobierno".

El ex magistrado Apitz declaró hoy a Efe que están intentando "poner de alguna manera un granito de arena para que el poder judicial venezolano cambie, que recupere sus características de independencia e imparcialidad".

"Estamos acá enjuiciando al poder judicial venezolano, porque en Venezuela no hay justicia, no hay un poder judicial autónomo, independiente e imparcial, la justicia en Venezuela está politizada", afirmó.

Agregó que "la mayor demostración de esta falta de independencia, imparcialidad y autonomía del Poder Judicial" es que fueron "arbitrariamente destituidos".

"Nos pasaron una factura política por cumplir con nuestro deber, por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República", aseguró.

En sus testimonios, los ex magistrados recordaron algunos fallos que generaron una reacción agresiva del Gobierno, como por ejemplo el impedimento para que médicos cubanos trabajaran en zonas pobres de Venezuela en el marco de una iniciativa llamada "Barrio Adentro".

Los magistrados resolvieron en esa ocasión, ante un recurso presentado por el Colegio de Médicos, que los galenos cubanos no podían ejercer, entre otras cosas, porque sus títulos no estaban reconocidos en Venezuela.

"En Venezuela los jueces tienen miedo, venimos acá en representación de ellos y de todos los venezolanos que claman por justicia, pero que lamentablemente no la obtienen", dijo Apitz, quien ahora se desempeña como profesor universitario.

El jurista expresó que esperan contar con una "sentencia favorable" que los "reivindique como seres humanos, abogados y juristas".

Tanto Apitz como Rocha manifestaron que no fueron sometidos a un debido proceso en el que pudieran defenderse y que su destitución les causó daño moral y psicológico a ellos y sus familias, además de que quedaron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.

Por su lado, el Estado afirma que en este caso aún no se han agotado los recursos internos y que el despido de los magistrados se debió al "mal funcionamiento y de la negligencia de los miembros de la Corte Primera", y no por razones políticas.