Exigen fuertes penas para los acusados de 364 muertes en un supermercado asunceno

Asunción.-  Los supervivientes y familiares de los 364 muertos y 268 heridos que causó el incendio de un supermercado en Asunción, en 2004, exigieron hoy que los jueces dicten mañana fuertes condenas para los dueños de ese centro comercial.

"Esperamos que se den condenas aleccionadoras para que aprendamos que en este país no se puede convertir un juicio en un remate judicial para el mejor postor", dijo a Efe Roberto Almirón, quien perdió a un hijo en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, el 1 de agosto del 2004.

En el mismo sentido se pronunció, Liz Torres, dirigente de una coordinadora de víctimas y quien fue rescatada junto a su marido del local siniestrado, al afirmar que aguardan "con mucha espectativa y con esperanza que tengamos mañana la sentencia que pedimos y que sean castigados los culpables de estas muertes".

Decenas de supervivientes y familiares de los muertos en ese siniestro se congregaron hoy ante el derruido edificio y reiteraron el pedido de 25 años de prisión, la máxima condena prevista en la legislación paraguaya, para el propietario de ese supermercado, Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel y Juan Areco, uno de los guardias de ese local comercial.

Con una misa y un festival artístico llevaron a cabo lo que denominaron "vigilia por la justicia", a la espera de la audiencia de mañana, en la que el tribunal del proceso dará su veredicto contra los tres principales acusados.

El fiscal de la causa, Edgar Sánchez, también solicitó ante el tribunal 25 años de cárcel por los delitos de "homicidio doloso, lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajos peligrosos".

Por ese último cargo, que conlleva penas carcelarias menores, también son juzgados cuatro accionistas del supermercado.

La Fiscalía sostiene que los Paiva y Areco incurrieron en homicidio doloso, al argumentar que las puertas del local fueron cerradas cuando comenzó el fuego con el pretexto de evitar pillajes o que los clientes se retiraran sin pagar.

El fallo será dictado en el auditorio del Poder Judicial, en donde se lleva a cabo desde el 8 de agosto pasado un nuevo juicio contra los acusados tras la anulación del primer proceso a raíz de los disturbios generados cuando se leía la sentencia, el 5 de diciembre de 2006.

En ese sentido, Almirón indicó que "la condena anterior fue aberrante y generó la indignación espontánea de la gente".

Reseño además que a lo largo de ambos procesos se registraron "innumerables inhibiciones de jueces y fiscales hasta el punto de haber llegado a la posible extinción de este nuevo juicio".

La Policía anunció que desplegará 1.000 agentes para resguardar el recinto de audiencias y el edificio del Poder Judicial, al que solo se podrá acceder mañana con acreditaciones expedidas con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia.

El presidente del tribunal de sentencia, Germán Torres, no descartó la suspensión de la audiencia si se registran nuevos desórdenes como los que protagonizaron en 2006 los familiares de víctimas debido a lo que consideraron una condena insuficiente.

En esa ocasión, dos de los tres jueces del anterior tribunal consideraron culpables a los principales acusados del delito de homicidio culposo, que conlleva una pena máxima de cinco años de cárcel, pese a que la Fiscalía también había solicitado la máxima pena.

Al respecto, Liz Torres expresó que "si acá se arriesga algo, es la vida de nuestra gente. Porque se ha escuchado que han desplegado fuertes sistemas de seguridad policial y no queremos más muertes".

La superviviente agregó que no se harán responsables de las reacciones de las demás víctimas, varias de las cuales advirtieron que tomarían "medidas drásticas" si no obtienen lo que exigen.