El director de Costas dice que las demoliciones de construcciones ilegales defienden el interés general

Las Palmas de Gran Canaria.-  El director general de Costas, José Fernández, afirmó hoy que las demoliciones de construcciones ilegales asentadas sobre dominio público marítimo terrestre defienden el interés general, pues tratan de recuperar un espacio usurpado indebidamente que es de todos.

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(EFE)

El director general de Costas, José Fernández (2d), junto a (de i. a d.) la consejera de Turismo del Gobierno regional, Rita Martín; el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, y el delegado del Gobierno, Salvador García, durante la reunión de la comisión.

La Ley de Costas es "bastante estricta" y "es conveniente que sea así", dijo Fernández, por lo que "será muy difícil" que se flexibilice, ya que las tendencias europeas actuales van en sentido contrario por el cambio climático.

En caso de que la Ley de Costas se modifique, se cambiaría "para endurecer sus preceptos" porque la preservación el litoral es esencial para la supervivencia de muchos ecosistemas", así como del turismo, aseguró.

La Ley de Costas fue precursora cuando se aprobó, hace ahora veinte años, y "todos los países están ahora siguiendo esa senda", por lo que "difícilmente España va a caminar ahora en sentido contrario", indicó Fernández con motivo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Costas reunida hoy en Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de Costas aseguró que los levantamientos de construcciones ilegales se realizan sobre ocupaciones relativamente recientes, ya que los asentamientos históricos se encuentran fuera del dominio público y el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencias sobre ellos.

Actualmente hay varios centenares de construcciones ilegales pendientes de demolición en Canarias cuyos expedientes se encuentran bastante avanzados en algunos casos, dijo Fernández.

Asimismo, recordó que todas las demoliciones se con una resolución judicial sobre expedientes que han sido tramitados durante años.

En muchos casos, los ocupantes reconocen que ocupan un espacio que nos les pertenece y la mayoría de los levantamientos se hacen de manera pacífica, dijo.

Las actuaciones actuales no son una novedad, pues la Dirección General de Costas lleva veinte años recuperando el litoral ocupado.

Respecto al Convenio de Costas suscrito entre el Estado y la Comunidad Autónoma, Fernández indicó que el grado de ejecución de los compromisos adquiridos "es bastante aceptable por ambas partes".

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, indicó que la Comunidad Autónoma trata de que el Ministerio de Medio Ambiente tenga en cuenta las circunstancias que rodean a algunas construcciones ilegales en dominio público.

Para ello, trata de que se analice cada caso uno por uno con el fin de tratar de llegar a un acuerdo con la Dirección General de Costas, explicó Berriel.

Respecto a la iniciativa propuesta por CC y el PP para preservar algunos de los asentamientos mediante una modificación de la Ley del Territorio, Berriel indicó que pretende una interpretación de la legislación urbanística respecto al tipo de suelo, así como de los valores etnográficos que valga la pena preservar.