Rajoy abre el debate sobre la Ley del Menor: ¿cárcel con 16 años?

Mariano Rajoy se ha comprometido a reformar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y rebajar la edad penal en casos de especial gravedad o de multirreincidencia, aumentando las condenas de internamiento.

(EFE)

Mariano Rajoy, hablando hoy sobre seguridad ciudadana.

La vaga declaración de Rajoy tiene el perfil de un globo sonda electoral y enseguida ha sembrado una duda que no ha aclarado el candidato del PP a la presidencia: ¿Con cuántos años podrá un menor ir a la cárcel si gana las elecciones? Por ahora sólo sabemos que los menores podrían ser internados en centros desde los 12 años, en lugar de los 14, como sucede en la actualidad. Rajoy ha asegurado que la reforma de la ley "no es una ocurrencia", sino que se trata de una "necesidad" social.

Pero Rajoy no es el único que piensa así. La Ley del Menor es una de las más discutidas en materia de seguridad. Precisamente uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la propuesta del candidato popular: la edad con la que un menor podrá ingresar en prisión.

Aunque existen otros casos que también suscitaron gran preocupación, como el del asesino de la catana, hubo uno que marcó un antes y un después en este debate. En 2003, Sandra Palo, una joven getafense de 22 años con una minusvalía psíquica, fue violada, atropellada y quemada viva por tres menores. Desde entonces, sus padres no han parado de solicitar que se modifique esta norma.

Los dos puntos que, según la familia (y los más de un millón de firmantes que apoyaron su petición, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre), deberían cambiar en el texto es que afectados como ellos puedan personarse como acusación particular contra menores y que, como cabe deducirse de la propuesta de Rajoy, la mayoría de edad penal o la edad mínima a partir de la cual se puede ser encarcelado se sitúe en los 16 años (la cifra que más se ha barajado) en lugar de en los 18.

Las bandas juveniles y los casos de 'bullying' o acoso escolar han hecho sonar la alarma en algunos sectores de la sociedad, generando gran inquietud. La ley, creada en 2001, ya fue reformada durante esta legislatura y afecta a menores de entre 14 y 18 años.

En la actualidad, los jóvenes de 14 y 15 años pueden estar internados un máximo de seis años. Esta cifra se eleva a diez para los de 16 y 17 años. En manos de los jueces queda decidir si el delito cometido es lo suficientemente grave como para trasladar al menor a una cárcel al cumplir la mayoría de edad.

El punto de vista de los educadores

Javier Baeza, párroco de la llamada 'Iglesia roja' de Vallecas y miembro de la Asociación Apoyo, tiene una dilatada experiencia trabajando con casos de menores conflictivos. Para él, la solución no pasa por aumentar los años que los jóvenes están encarcelados y, aunque empatiza totalmente con el dolor de los familiares de Sandra Palo, cree que este tipo de crímenes "deleznables" y "atroces" no son en absoluto tan habituales como para legislar en su función.

"La experiencia y los estudios nos dicen que un mayor alargamiento de las penas equivale en muchos casos a una mayor reincidencia en el futuro", opina Baeza. "Esto ha sucedido siempre con los adultos y sucede aún más con los menores, cuya capacidad cognitiva y de análisis de la realidad es menor", señala.

La Constitución española dice, en su artículo 25.2, que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Para Baeza y otros educadores de menores, si el fin último de estos castigos, además de la sanción y la prevención, es la reinserción, no tiene sentido que se aumenten en duración. "Al final te acabas encontrando con chavales que llevan diez años en encarcelados y no saben vivir en libertad, ¿qué haces entonces con ellos?", pregunta Baeza.

El problema para estos pedagogos no está tanto en si los jóvenes van a la cárcel o no, sino en el tiempo de su vida que pasan privados de libertad. "Los centros de menores son cárceles igual o mucho más duros que las propias prisiones ya que, al estar privatizadas, carecen del marco de garantías que tienen las instituciones penitenciarias", asegura Baeza, quien cuenta que muchos jóvenes piden ser trasladados a cárceles cuando cumplen los 18 años. "Y no porque sean hoteles", añade.

¿Cuál es, entonces, la solución para tratar con la conflictividad de los jóvenes? Acercarse a la realidad de los menores desadaptados e ingresados en centros, invertir más dinero en educación o dar a jueces y otros cargos públicos algunas nociones básicas de pedagogía son algunas de las propuestas de los educadores sociales.