El lunes comienza a funcionar el teléfono gratuito para la defensa frente al 'acoso inmobiliario'

MADRID.-  El Gobierno da los primeros pasos hacia la protección de los inquilinos de viviendas de renta antigua, víctimas del 'acoso inmobiliario'. El Ministerio de Vivienda habilitará, a partir del próximo lunes, un teléfono gratuito que atenderá a todos los afectados por estas prácticas de presión, y que contará con el personal especializado necesario para informar a las víctimas sobre sus derechos. La ministra, Carme Chacón, firmaba ayer, precisamente, un convenio con los alcaldes de diez municipios repartidos por toda la geografía española para hacer frente al problema y buscar la asistencia social o jurídica más adecuada para cada uno de los afectados.

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EP (OTR/PRESS)

El Gobierno da los primeros pasos hacia la protección de los inquilinos de viviendas de renta antigua, víctimas del 'acoso inmobiliario'. El Ministerio de Vivienda habilitará, a partir del próximo lunes, un teléfono gratuito que atenderá a todos los afectados por estas prácticas de presión, y que contará con el personal especializado necesario para informar a las víctimas sobre sus derechos. La ministra, Carme Chacón, firmaba ayer, precisamente, un convenio con los alcaldes de diez municipios repartidos por toda la geografía española para hacer frente al problema y buscar la asistencia social o jurídica más adecuada para cada uno de los afectados.

El 900-900-707 escuchará, a partir del próximo lunes, a todos aquellos que sufran el acoso de los propietarios o empresas inmobiliarias, cuya ambición amenaza los hogares de miles de familias, principalmente personas mayores que viven de alquiler con renta antigua. Para la propia Chacón, "es una medida sencilla, pero eficaz, ya que la primera solución a los problemas cotidianos de la gente en muchos casos está en tener a alguien a quien explicar su problema". De todas formas, la ministra mostró su interés en intensificar el trabajo del Ejecutivo para intentar erradicar el problema.

El pasado mes de diciembre, Chacón y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, suscribieron un compromiso para llevar a cabo actuaciones conjuntas contra el acoso inmobiliario, acuerdo que ayer cobró especial protagonismo, ya que Chacón firmó diez convenios con otros tantos ayuntamientos españoles para la puesta en marcha de una experiencia piloto para luchar contra los llamados 'asustaviejas'.

El Ejecutivo y los consistorios de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Gijón (Asturias), Denia (Alicante), Fuenlabrada (Madrid), La Coruña, Vitoria (Álava), Córdoba, Getafe (Madrid), Elche (Alicante) y Las Palmas de Gran Canaria tomarán en cuenta las denuncias efectuadas por los ciudadanos víctimas de acoso en la mencionada línea telefónica gratuita, y pondrán a su disposición la intervención de los servicios sociales en el caso de que lo requiera y esté dentro de sus posibilidades.

PP: "YO INVITO, Y TÚ PAGAS"

Chacón aseguró que, gracias al convenio, los propietarios y miembros de las inmobiliarias que desarrollan estas prácticas "indeseables" recibirán el mensaje de que el acoso "no va a quedar impune", y las víctimas comprobarán que de la "pesadilla que están viviendo, se puede salir porque les ampara la Ley". La ministra indicó que "aunque no existan cifras oficiales" al ser un "problema callado" el Gobierno quiere "evitarlo".

El ministerio evaluará "bien prontamente la eficacia de esta medida", extendiéndola "a muchos otros municipios". Al parecer, los ayuntamientos de Valladolid, Murcia, Zamora, Badajoz y Málaga ya han mostrado su interés por sumarse a esta experiencia, y Chacón se muestra con esperanzas de que la cifra de ayuntamientos que soliciten el convenio se vea aumentada en los próximos días.

Pero al secretario ejecutivo de Política Municipal del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, no le ha parecido tan bien la medida. Moreno acusó al Ministerio de Vivienda de practicar al "yo invito y tú pagas", ya que, en su opinión, el Gobierno no compensa a los ayuntamientos por los costes derivados de la intervención de los servicios sociales municipales y jurídicos y lo único que hace es "poner un número de teléfono". Además criticó que la medida se haya tomado 22 días antes de las elecciones generales.