La plataforma de afectados por la ley de Costas denuncia que se aplica la ley para facilitar la edificación

Santa Cruz de Tenerife.-  El portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas, José Ortega, denunció hoy que en determinados puntos del litoral de Canarias, esta ley se está utilizando para facilitar el desembarco "del gran capital hotelero, ladrillero y cementero".

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(EFE)

Vecinos de Costa Ayala, al norte de la capital grancanaria, observan la zona acantilada.

Ortega, que también es asesor jurídico de esta plataforma, dijo que la ley se está aplicando contra las clases media y baja, y negó que exista un fin de medioambiental en las decisiones de la Dirección General de Costas ya que, en su opinión, está cambiando la configuración de la costa para hacerla industrial.

Citó el caso del asentamiento de pescadores de Puerto Laja, en Fuerteventura, en el que Costas ha planificado un paseo de 20 metros de ancho que va por encima de estas viviendas tradicionales con el argumento de que esta anchura del paseo se ajusta a la gran densidad de edificación que se prevé en la zona.

"Se está diciendo que no se puede consentir que la primera línea de la futuras grandes urbanizaciones de hoteles, terrazas y discotecas sean las casas humildes y tradicionales" aseveró el abogado, quien señaló que La ley de Costas se está utilizando como un ariete contra los pobladores tradicionales canarios.

Además, recordó que en la ley de costas se establece en su exposición de motivos que nace para evitar la presión urbanística en la costa, con lo que se esta haciendo un uso contrario a su principal fin.

Ortega recordó que la plataforma se constituyó el pasado mes de enero en Valencia con 2.000 familias afectadas por la Ley de Costas, está previsto que próximamente se incorporen otras 3.000 familias.

En Canarias forman parte de esta asociación vecinos de Candelaria (Tenerife), de la playa de la Punta (La Gomera), El Golfo (Lanzarote), La Bombilla (La Palma) y Puerto de Los Molinos y Puerto Lajas (Fuerteventura) .

Ortega afirmó que ha redactado un informe que contiene los a su juicio abusos y arbitrariedades en la aplicación de la ley y que ha sido entregado a diversas instituciones del país como Presidencia del Gobierno, Defensor del Pueblo y Consejo General del Poder Judicial así como al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo como una queja contra España por la aplicación abusiva de la ley de Costas.

También han pedido una comisión de investigación en las Cortes que salgan de las elecciones así como otras en las Cortes Valencianas y en el Parlamento de Canarias.

Ortega dijo que gracias a la plataforma el director general de Costas, José Fernández, ha suavizado el discurso y ya no pretende "arrasar" la costa, derribando tanto lo legal como lo ilegal.

Señaló que en el caso de La Bombilla, en La Palma, se ha cometido una arbitrariedad, ya que donde no existe una playa, dado que se trata de un acantilado, se quiere construir una y para eso la Dirección General de Costas ha decidido hacer un deslinde con criterios como que la forma del acantilado lo modeló el mar en la época glaciar.

Consideró que en el afán de fabricar una playa donde no existen condiciones naturales para hacerlo se están alterando las condiciones geomorfológicas naturales y la configuración de las costas.

En su opinión, mucho de lo que está pasando es responsabilidad directa de la visión "extrema" de la ley que tiene el director general de Costas, José Fernández, y del subdirector de Costas, Ángel Muñoz, y estimó que en los últimos diez años ha habido una gran dureza en la aplicación de la ley que ha estado promovida por estas dos personas en sus diferentes cargos.

Si estos cargos no continúan tras las elecciones, agregó Ortega, se abre la esperanza para que no se produzcan determinados derribos que están en marcha, y en su opinión se podrá abrir una reflexión razonable sobre los límites de la ley teniendo en cuenta criterios no sólo basados en "donde hay un grano de arena y donde salpica la ola" sino también en criterios históricos, culturales, económicos y turísticos.

Ortega también consideró que no se puede tener delegada la política de Costas en un ingeniero de Caminos, en referencia a Fernández, ya que sólo atiende a los "canales, puertos y playas" y no sabe nade de derecho.