Los trabajadores de Justicia se movilizarán porque las CCAA incumple los acuerdos de 2006

Las Palmas de Gran Canaria.-  Los 2.238 funcionarios de Justicia de Canarias decidirán, entre hoy y el martes, las movilizaciones que secundarán ante el hartazgo que sienten por la "vulneración de la legalidad" en la que incurre la Administración al no cumplir los acuerdos suscritos con los sindicatos que supusieron el fin de la huelga de 2006.

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(EFE)

El portavoz de los sindicatos en la Mesa Sectorial de Justicia, Gregorio Pérez Sosa (i), explicó hoy en rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife los motivos por los que abandonaron la reunión que ayer mantuvo este órgano.

Así lo denunciaron hoy en una rueda de prensa los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia, que abandonaron la reunión que este órgano celebró ayer "tras una hora de desencuentro" con los representantes de la Administración regional y como muestra de rechazo a "la reiterada falta de respeto que muestra hacia la parte social" y a las "malas políticas de gestión" que se desarrollan desde 2005.

María Pita, portavoz de Cobas Canarias, uno de los sindicatos representados en la Mesa, denunció la "política continuista" de la actual directora general de Justicia del Gobierno canario, Rosa Rubio, que llevó a la huelga a los trabajadores hace dos años y que se caracteriza, según dijo, por "una sistemática negación de la mesa de negociación, que reconoce tanto la ley orgánica como la Constitución Española".

Pita aludió a la falta de medios humanos y materiales con la que trabajan los funcionarios de Justicia en Canarias y afirmó que la ley reconoce a la comunidad autónoma la capacidad de aumentar la plantilla en un cinco por ciento cada año, lo que significaría la creación de unas 94 plazas anualmente.

Al respecto, la representante sindical dijo que durante el último año de la anterior legislatura "no se instó al Ministerio de Justicia ese aumento de plantilla" y agregó que con la nueva directora general se pactó en octubre de 2007 pedir ese incremento para este año.

Sin embargo, la Administración informó ayer a los sindicatos de que "ni siquiera ese pacto se llevará a afecto en un cien por cien, ya que hay más de 20 plazas más que tampoco se solicitarán este año", dijo Pita.

Otra de las carencias que denuncian los sindicatos Cobas Canarias, UGT, IC, STAJ, CSI-CSIF y CCOO, este último sin representación en la provincia de Las Palmas, es la "penuria de los juzgados de Primera Instancia, que malviven con un sólo agente judicial desde hace diez años, pese a que en los acuerdos de 2006 se estableció que tenía que haber dos en cada uno".

La imposibilidad de acceder a Internet, "que sí tiene todo funcionario de la comunidad autónoma" y, de esta forma, a las redes de comunicación sindical, es otra de las reivindicaciones del colectivo, que rechaza que los jueces, fiscales y secretarios judiciales tengan esta posibilidad que a ellos se les "niega".

Como muestra de las carencias con las que trabajan los trabajadores de la sede judicial de Granadera Canaria, edificio que está en obras desde enero de 2007, los 21 funcionarios del Juzgado de Primera Instancia Número Seis y Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria, decidieron hoy el cierre de estas dependencias, donde llevan trabajando sin aire acondicionado desde hace tres semanas.

La solución que se dio hoy para resolver las molestias que causan las obras en estas dependencias, en cuyos 600 metros cuadrados se guardan más de 3.500 libros, el más antiguo de 1872, consistió en la colocación de cuatro ventiladores, una medida que los trabajadores consideran una "tomadura de pelo" y ante la que el comité de salud laboral acordó que sólo atendieran las citas fijadas para el día, por lo que quedó fuera de servicio el departamento para el resto de tramitaciones, que ascienden a unas 300 al día.

Pita afirmó que los trabajadores del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria soportan un volumen de trabajo muy superior al que pueden hacer frente, -lo que hace que el plazo de entrega de las partidas que se solicitan sea de cinco días, cuando la ley establece un máximo de tres-, a lo que se suman, dijo, las labores de digitalización del servicio, a las que también tienen que hacer frente, en lugar de que estas tareas las desarrolle un equipo específico para ello.