Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió hoy en sus críticas a magistrados y sectores de oposición que piden limitar el gasto social en años electorales, que han sembrado polémicas entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
La reacción de Lula se produce por una demanda del opositor partido Demócratas ante el Supremo Tribunal Federal, en la que exige que los programas sociales oficiales sean limitados en años de elecciones presidenciales o municipales.
"Llega a ser trágico" que se intente obtener una "salvaguarda electoral" para "impedir" que el Gobierno lleve adelante su política social, dijo Lula al inaugurar una reunión de gobernadores de la región noreste, la más empobrecida del país.
La reacción de Lula dio una vuelta de tuerca a una polémica abierta por una demanda del opositor partido Demócratas ante el Supremo Tribunal Federal, en la que exige que los programas sociales oficiales sean limitados en años de elecciones presidenciales o municipales, como las que están convocadas para octubre próximo.
La semana pasada esa posición fue respaldada por el presidente del Tribunal Superior Electoral, Marco Aurelio Mello, contra quien Lula cargó el jueves por la noche en un acto público celebrado en la ciudad de Sergipe (noreste).
"Es preciso preguntarle a quien dice esas sandeces si quiere ser político o magistrado. Si quiere ser político que renuncie (al Poder Judicial) y sea candidato a algún cargo para decir las tonterías que quiera decir, cuando quiera decirlas", declaró Lula.
Mello dijo hoy que se sentía "perplejo con la agresividad" de la reacción del presidente, pero aclaró que no pretende responder para evitar darle más alas a la polémica.
Aclaró, sin embargo, que está convencido de que cumple con su tarea de magistrado y garantizó que lo seguirá haciendo con "la misma espontaneidad".
El partido Demócratas calificó de "electoreros" una serie de aumentos de los presupuestos para planes sociales decididos en enero pasado por el Gobierno de Lula, que mediante esos programas asiste a cerca de 11 millones de familias de baja renta.
Según Demócratas, medidas de ese tipo pueden influir en las elecciones de octubre próximo, en las que los brasileños renovarán los alcaldes y los miembros de las cámaras municipales de las 5.564 ciudades del país.
El ministro de Justicia, Tarso Genro, le quitó hierro al cruce de declaraciones entre Lula y Mello y negó que pueda suponer una crisis entre el Ejecutivo y el Judicial.
"No hay ninguna crisis de poderes", afirmó el ministro, quien atribuyó las declaraciones de Lula a "una reacción".
Según Genro, "el caso concreto es que algún magistrado está adelantando posiciones sobre la posibilidad de que el Ejecutivo cumpla con sus políticas sociales en años electorales y eso puede ser traducido como una intención de voto".
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