Oñati (Guipúzcoa).- El consejero vasco de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha abogado hoy por "armar democrática y éticamente al Estado" en su lucha contra el terrorismo frente a la "crisis de confianza en el sistema" que han causado, a su juicio, legislaciones "excepcionales" como la Ley de Partidos.
El secretario general de Eusko Alkartasuna y consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga.
Azkarraga ha inaugurado hoy en Oñati (Guipúzcoa) el "Foro de reflexión internacional sobre la normativa antiterrorista en el ámbito estatal europeo", que cuenta con la presencia de expertos españoles y representantes de Estados Unidos, Irlanda del Norte, los Países Bajos y Suráfrica.
El consejero ha presentado un diagnóstico pesimista de la situación actual de los derechos humanos en España por la existencia de una "legislación de carácter excepcional", en alusión a la Ley de Partidos y a las reformas del Código Penal de 2003, al tiempo que ha alertado de la "creciente supeditación de la libertad a la seguridad".
El consejero ha opinado que el "recorte de libertades" se agrava además por la existencia de "prácticas procesales que protagonizan jurisprudencias creativas al límite", entre las que ha citado medidas cautelares "que se escenifican como penas adelantadas", como en los casos de la suspensión de partidos políticos o el cierre de medios de comunicación.
Azkarraga ha afirmado que este escenario ha propiciado que "algunos jueces hayan aprovechado para censurar, controlar, supervisar e incluso intentar dirigir la acción política", en alusión a los procesos contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y contra los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco.
"El nuevo elenco penal y su interpretación judicial están envenenando el clima político y debilitando el propio equilibrio institucional", ha agregado.
Respecto a la Ley de Partidos, el consejero de Justicia ha indicado que "ha puesto en solfa el derecho de participación y de asociación política, así como la libertad de expresión y la libertad ideológica".
Asimismo, ha considerado que la aprobación de las medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas por terrorismo representa "una condena perpetua encubierta y en régimen cerrado, aderezada por una política de dispersión y alejamiento de los presos, que choca con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español".
Ha denunciado que el concepto de terrorismo se haya extendido a personas o partidos que coinciden con los objetivos de las organizaciones terroristas, con lo que se "vacía" el principio "de no criminalización de los fines establecido por el Tribunal Supremo".
"El delito de colaboración con ETA e incluso el de pertenencia a banda armada depende mas más de lo que no se hace que de lo que se hace, mientras que el delito de apología permite que los tribunales penales juzguen discursos políticos", ha agregado.
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