Perú investigará a defensores de DD.HH. por su supuesto apoyo a grupos terroristas

Lima.-  El Gobierno peruano investigará a activistas humanitarios por su supuesto apoyo a grupos terroristas después de que el Parlamento Europeo no incluyera al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en su "lista negra" a instancia de una ONG defensora de los derechos humanos, informó hoy la prensa local.

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(EFE)

La misiva que la Asociación Pro Derechos Humanos envió a los parlamentarios europeos y que según denunció el canciller peruano José Antonio García Belaúnde impidió que la Eurocámara considerara al MRTA como una organización terrorista.

La misiva que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) envió a los parlamentarios europeos y que según denunció el canciller peruano José Antonio García Belaúnde impidió que la Eurocámara considerara al MRTA como una organización terrorista ha desatado una oleada de reacciones en todos los sectores políticos y de la prensa del país andino.

Así, nada más conocerse la denuncia del canciller la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ordenó una investigación a Aprodeh para que explique cuales son sus fuentes de financiación y por qué intermedió en favor del MRTA ante el Parlamento Europeo.

Las reacciones por esta votación llegaron incluso al presidente peruano, Alan García, quien consideró "lamentable y grave" la decisión del Parlamento Europeo y calificó la intervención del Aprodeh como "una traición a la patria".

El mandatario consideró que la opinión que trasladó la ONG a la Eurocámara "desnaturaliza la verdad" y hace que "tanto víctimas como los que vivieron en zozobra queden relegados y se pretenda limpiar de esa manera a quienes han destruido tanto" en Perú.

En este sentido, García pidió un rechazo interno contra todas las organizaciones que "perjudican de una manera u otra a Perú, como Aprodeh".

La misiva que Aprodeh envió a los europarlamentarios, firmada por sus directores Francisco Soberón y Miguel Jugo, señala "la clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como Sendero Luminoso o el MRTA".

Sin embargo, la ONG estimó "que no se debe dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos acusándolos injustamente de terrorismo".

Algunos medios, como el derechista "El Correo", instaron al Gobierno a clausurar las operaciones de la ONG y a sancionar a sus dirigentes, mientras que "Expreso" reclamó "averiguar en fondo y forma qué hacen estas quintacolumnas de la subversión".

En cambio, para el diario "Perú.21", esta situación está siendo aprovechada por los seguidores del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que en la actualidad es juzgado por violaciones a los derechos humanos, para "reiniciar su pretensión de sentar en el banquillo a los activistas" humanitarios que tuvieron mucho que ver con el procesamiento de su líder.

Para el diario, a los fujimoristas y a algunos miembros del gubernamental Partido Aprista, la carta del Aprodeh "les ha facilitado el trabajo" para mellar "el prestigio de la causa de los derechos humanos, ya sea porque no creen en ella o porque esto les sirve para la defensa de Fujimori".

El izquierdista diario "La Primera" consideró que la presión del Gobierno sobre Aprodeh supone "un cargamontón macartista" que se une a las presiones contra "los reclamos populares, la prensa independiente y los organismos de defensa de los derechos humanos".

El MRTA fue uno de los grupos armados que operaron en Perú desde los años 80, y fueron los protagonistas del secuestro de decenas de personas en la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996, que concluyó cuatro meses después con la muerte de uno de los rehenes y los 14 emerretistas que participaron en la toma.