Procesan a diez militares en Chile por la desaparición del custodio de Allende

Santiago de Chile.-  La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó hoy el procesamiento de diez militares retirados por el secuestro calificado (desaparición) de un custodio del presidente Salvador Allende, detenido en La Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, informaron fuentes judiciales.

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(EFE)

En una decisión dividida, la IV Sala del tribunal de alzada los procesó como autores del secuestro calificado de Luis Fernando Rodríguez Riquelme.

Entre los procesados figuran dos generales retirados, Herman Brady y Luis Ramírez Pineda, el ex brigadier Pedro Espinoza, un teniente y seis ex suboficiales del Ejército, precisaron las fuentes.

En una decisión dividida, la IV Sala del tribunal de alzada los procesó como autores del secuestro calificado Luis Fernando Rodríguez Riquelme, que era uno de los jóvenes voluntarios que se encargaban de la seguridad de Salvador Allende, conocidos como "Grupo de Amigos Personales (GAP)".

Rodríguez Riquelme fue una de las personas, entre funcionarios y asesores de Allende, apresados en La Moneda durante el golpe y llevados al regimiento "Tacna", cuyo comandante era entonces Ramírez Pineda.

Después de ser torturados durante dos días, los prisioneros, amarrados con alambre, fueron subidos a un camión que los condujo al campo militar de Peldehue, a unos 30 kilómetros de Santiago, donde fueron fusilados junto a una fosa cavada previamente.

Según señaló la investigación, la orden de fusilamiento provino de la comandancia de la Guarnición Militar de Santiago, cuya máxima autoridad era el general Brady.

Uno de los procesados, el ex teniente Jorge Herrera López, dijo hace algunos años en una entrevista al diario La Nación que las víctimas mostraron valor y murieron con dignidad.

Antes de tapar la fosa, los militares lanzaron explosivos sobre los cuerpos.

Posteriormente, el 22 de diciembre de 1978 y conforme a la operación denominada "Retiro de Televisores", ordenada por Augusto Pinochet, los restos de los fusilados fueron desenterrados, puestos en sacos y lanzados al mar desde helicópteros del Ejército.

Sin embargo, a fines de 2001 la jueza Amanda Valdovinos descubrió la fosa y a partir de los fragmentos de huesos y otros objetos que permanecían en el lugar se reconstruyó la historia, mientras la colaboración de algunos de los implicados permitió identificar a los responsables.

Algunos de ellos, según consta en el juicio, participaron tanto en la masacre como en el desentierro y lanzamiento al mar de lo que quedaba de los cadáveres.