La suerte de las víctimas de las AUC centra preocupaciones tras la extradición masiva

Bogotá.-  La suerte de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se convirtió hoy en el centro de las preocupaciones, que despertó la extradición a Estados Unidos de catorce ex jefes de esa desmovilizada organización paramilitar.

El temor por la eventual impunidad, la dificultad para acceder a las vistas judiciales e, incluso, la incapacidad del Estado ante el paramilitarismo acrecentaron la polémica que se desató el martes con el envío de los ex mandos ultraderechistas al país norteamericano.

La entrega fue ordenada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que la justificó en los hechos de que algunos habían reincidido, otros no colaboraban con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas.

Con la masiva extradición "lo queda desamparado es el tema de las víctimas", consideró hoy el procurador general, Edgardo Maya, aunque reconoció que el presidente Uribe tomó la decisión en uso de una facultad discrecional.

El jefe del Ministerio Público explicó a emisoras locales de Bogotá que el frente de víctimas "queda un poco en el limbo por la información valiosa en la memoria que hay de estas personas que han sido extraditadas, que pueden contribuir eficazmente al primer elemento de la Ley de Justicia y Paz, que es la verdad".

La preocupación de Maya la compartió la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), que reúne a decenas de organizaciones no gubernamentales del país, al advertir de que muchas víctimas a las que apoya y acompaña tuvieron la esperanza de conocer la verdad.

"La decisión de extraditar a quienes les hicieron daño va en contravía del conocimiento de la verdad", sostuvo Redepaz, cuya directora, Ana Teresa Bernal, hace parte del Comité Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Este órgano mixto fue creado en virtud de la ley de reinserción de las AUC, que se disolvieron hace casi dos años en el marco de un proceso de paz con el Ejecutivo y tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.

El presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro Leongómez, recogió las preocupaciones en un mensaje al embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, diplomático que previamente había considerado que la extradición libra a Colombia de individuos que le hacen daño y le da a Estados Unidos la oportunidad de hacer justicia.

La entrega masiva del martes, escribió Pizarro, generó "un hondo desconcierto entre víctimas y asociaciones de víctimas, pues, para estos sectores sociales la extradición va en detrimento de sus derechos, ante todo, a la verdad y la reparación".

En la CNRR es claro que si los ex jefes paramilitares seguían con actividades delictivas, debieron ser despojados de los beneficios legales y pasar a manos de la justicia ordinaria, y, de manera excepcional, ser extraditados.

Es una sanción, la del envío al exterior, que "no puede ir de ninguna manera en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación", puntualizó Pizarro, con quien coincidieron el procurador Maya y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), además de Redepaz y otras ONG.

Tras reconocer que el Estado fue incapaz de mantener bajo control a los ex paramilitares, Maya insistió en que, para los miles de víctimas de las AUC, "lo primero es la verdad, la memoria histórica".

"La gente no está esperando un cheque ni que le entreguen la indemnización", agregó el alto cargo, algunas de cuyas opiniones fueron compartidas por el Movice, que reúne a víctimas de los paramilitares y de agentes estatales.

El Movice se afirmó en su denuncia de que el proceso de desmovilización de las AUC y la norma legal que lo guía "no responde a los derechos de verdad, justicia y reparación integral".