El Gobierno colombiano insiste en aplicar la norma de delito político a 19.377 desmovilizados

Bogotá.-  La solución al "limbo jurídico" en el que se encuentran 19.377 desmovilizados de la organización paramilitar AUC está en reconocerles por vía legislativa su antigua actividad como delito político, según insistió el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en un documento divulgado hoy en Bogotá.

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(EFE)

La norma establece el cierre de procesos o investigaciones a sindicados de concierto para delinquir simple, de uso ilegal de uniformes e insignias, de instigación a delinquir, y de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

Es un estudio elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) con vistas a la gestión parlamentaria de la iniciativa con la que el Ejecutivo busca legalizar la condición de libertad, en la cual se halla ese numeroso grupo de ex ultraderechistas.

"Así como los guerrilleros pueden ser juzgados por los delitos que cometan en combate, independientemente a que se aleguen motivaciones políticas para hacerlo, igual deben serlo los miembros de autodefensas que reciban los beneficios propios del delito político", consideró la OACP, cuyo titular es Luis Carlos Restrepo.

Según el Gobierno, este reconocimiento puede llenar el vacío que ha impedido aplicar un artículo de la Ley de Justicia y Paz (de reinserción para los miembros de las ahora disueltas AUC) que no afrontan acusaciones por crímenes no susceptibles de amnistía ni indulto.

La norma establece el cierre de procesos o investigaciones a sindicados de concierto para delinquir simple, de uso ilegal de uniformes e insignias, de instigación a delinquir, y de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

El Código Penal colombiano define como delito político la actividad de los grupos guerrilleros, y no la de las ahora disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), vacío que el Ejecutivo ha tratado de llenar con la ampliación de este concepto a la desaparecida organización ultraderechista.

Los beneficios también aparecen en una ley de 1997 que fue prorrogada de forma sucesiva, desde entonces y que faculta al jefe del Estado para que abra proceso de paz y firme acuerdos con los grupos armados ilegales.

"Nada impide que los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley (...) puedan recibir los beneficios" legales, sostuvo la OACP.

Sin embargo, aclaró que los ex paramilitares podrán recibir los beneficios siempre y cuando no hayan incurrido en concierto para delinquir agravado, que se deriva de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La OACP negó que el reconocerles a estos ex paramilitares el delito político no es otorgarles una amnistía velada, como lo temen críticos, comentaristas y algunos organismos internacionales.

Los beneficios legales no excluyen la posibilidad de una investigación futura contra el desmovilizado al que se le imputen delitos que "no hayan sido cobijados por el mencionado beneficio", según el mismo documento.

Los 19.377 ex paramilitares que siguen sin una solución jurídica conforman el grupo de más de 31.000 miembros de las AUC que se desmovilizaron de noviembre de 2003 a mediados de 2006, en virtud de un proceso de paz con el Gobierno.

El despacho del comisionado Restrepo informó hoy de que este estudio fue entregado a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que discute la iniciativa legal en favor de estos desarmados.

Asimismo, le fue enviado al fiscal general, Mario Iguarán, y al procurador general, Edgardo Maya, "para su conocimiento", añadió la misma fuente.