Guatemala.- El ex general guatemalteco Ángel Aníbal Guevara, procesado en España por delitos de genocidio, presentó hoy una demanda penal en los tribunales locales, en contra del juez español Santiago Pedraz, a quien acusa de prevaricación y violación a la Constitución.
"El señor Pedraz abusivamente giró una orden de captura en mi contra sin tener pruebas, y estuve catorce meses preso, lo cual dañó mi prestigio y causó daños morales a mi familia", dijo Guevara a periodistas antes de presentar la demanda en el Centro de Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"El señor Pedraz abusivamente giró una orden de captura en mi contra sin tener pruebas, y estuve catorce meses preso, lo cual dañó mi prestigio y causó daños morales a mi familia", dijo Guevara a periodistas antes de presentar la demanda en el Centro de Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Pedraz, juez de la Audiencia Nacional española, dirige el proceso penal iniciado en 1999 ante esa instancia por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, en contra de Guevara y otros seis ex altos cargos, a quienes acusa de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
Según Guevara, el letrado español "cometió el delito de prevaricación y violó nuestra Constitución (guatemalteca) por haber iniciado ese proceso y emitido la orden de captura, ya que la Justicia española no tiene jurisdicción sobre Guatemala".
José Toledo, abogado del ex general, explicó a periodistas que la demanda en contra de Pedraz se basa "en el principio de extraterritorialidad de la ley penal, debido a que el juez español causó daño a un guatemalteco sin tener potestad para juzgarlo".
Guevara, quien fue ministro de la Defensa en el gobierno del ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982), régimen durante el cual fueron asesinados centenares de opositores políticos, estuvo en prisión entre noviembre de 2006 y diciembre de 2007.
El 6 de noviembre de 2006, un tribunal guatemalteco ordenó la captura, con fines de extradición, de Guevara y otros tres ex altos cargos, a petición del juez Pedraz.
El ex general se entregó voluntariamente a las autoridades y guardó prisión hasta diciembre del año pasado, cuando la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, anuló el proceso penal en contra de los imputados, al refrendar que la Justicia española no tiene competencias para juzgar a guatemaltecos.
Pese a ese fallo, Pedraz mantiene vigentes las órdenes internacionales de captura con fines de extradición de los siete acusados del genocidio, y ha pedido el apoyo de la ciudadanía mundial para continuar con la investigación.
Con esta demanda, precisó Toledo, "buscamos sentar un precedente para que no se viole la dignidad de los guatemaltecos por parte de extranjeros, porque lo hecho por Pedraz ha sido un abuso de autoridad".
El abogado explicó que "el Centro de Gestión Penal deberá remitir la demanda ante un Juzgado de Primera Instancia, el que a su vez deberá informar a la Fiscalía. Si esta determina que existe delito, tendrá que solicitar la orden de captura (en contra de Pedraz) para que responda ante la Justicia guatemalteca".
La jurisdicción local establece penas de prisión de dos a seis años de prisión por el delito de prevaricación, y de dos a cinco por el de violación a la Constitución.
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