Palma.- La actual concejala y ex responsable de Fiestas del Ayuntamiento de Llucmajor, Antonia Sunyer (PP), se ha responsabilizado hoy de la organización y contratación de las fiestas del municipio entre los años 2000 y 2002, y ha asegurado que ese proceso no intervinieron el alcalde, Lluc Tomas (PP), y el ex edil Joaquín Rabasco (ASI).
Sunyer ha comparecido hoy en la Audiencia de Palma, que juzga desde el lunes al alcalde, al ex edil y a María del Amor Aldao por presunta apropiación de dinero destinado al pago de fiestas en Llucmajor.
La concejala, actual responsable del área municipal de Educación, ha defendido con insistencia ante el tribunal la legalidad de las contrataciones de su área realizadas por el consistorio durante el tiempo que ella fue concejala de Fiestas del municipio.
Sunyer ha precisado que el alcalde siempre le exigió que "los papeles estuvieran bien", como así hizo, según ha sostenido.
En respuesta a las preguntas de la defensa, la concejala ha respondido que ni el alcalde ni Rabasco, presidente de la Asociación Social Independiente (ASI), le recomendaron ni le sugirieron nunca la contratación de las empresas representas por Aldao ni de ninguna otra.
La contratación de las actividades de festejos en todo el municipio y en El Arenal, donde Rabasco era alcalde pedáneo, se realizó con "pluralidad" y sin discriminar a ninguna de las empresas interesadas.
El letrado que defiende al alcalde Lluc, el abogado Rafael Perera, le ha inquirido acerca de si sabía que Rabasco era apoderado de Majo Sport, una de las empresas investigadas, a lo que Sunyer ha respondido que no, al tiempo que ha reiterado que ella nunca firmó ninguna factura "doble".
A cuestiones planteadas por el fiscal anticorrupción Joan Carrau, la concejala ha reconocido que, para hacer frente a las necesidades que se producen durante las fiestas, se vio obligada a solicitar con carácter urgente servicios a varias empresas.
En concreto, el Ministerio Fiscal ha aludido a diversas facturas de julio y agosto del año 2000 que tienen su origen en un contrato verbal, lo que no es legal, y cuyo valor total asciende a 6 millones de pesetas.
Sunyer ha explicado que si aparece la firma de Rabasco en alguna de las facturas, ésta tiene como propósito certificar que los trabajos contratados se habían hecho.
En la jornada de hoy también ha declarado Rosa Salvá, funcionaria del Ayuntamiento, que ha subrayado que el control del Ayuntamiento sobre las contrataciones era y es "muy estricto".
En este contexto, ha manifestado que los equipos técnicos del consistorio desconocían que Rabasco era apoderado de Majo Sport y, a preguntas de Perera, ha garantizado que nunca recibió ni ha recibido ninguna "sugerencia" por parte del primer edil para que "mirara con simpatía" ni a las empresas de Aldao ni a ninguna otra.
La Audiencia de Palma ha celebrado hoy la tercera sesión de este juicio, presidido por el magistrado Juan Catany, contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomás (PP), el ex concejal Joaquín Rabasco (ASI) y María del Amor Aldao.
En la vista oral, que comenzó el pasado lunes, se juzgan adjudicaciones y contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Llucmajor entre los años 2000 y 2002 que, según el fiscal jefe de Baleares, Juan Carrau, supusieron el desvío irregular de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuatro sociedades afines a Rabasco y que gestionaba Aldao, empleada suya en el partido ASI.
En concreto, se trata de Majo Sport; Tenedi Ambiente; Rodena Swing, y Restard Music, que realizaron trabajos durante esos años para el Ayuntamiento de Llucmajor por iniciativa del departamento de Fiestas, dirigido entonces por Sunyer.
La Fiscalía entiende que los tres acusados cometieron delitos de defraudación, prevaricación y cohecho, por lo se pide penas de 2 años de cárcel e inhabilitación para cargo público de 10 años para el alcalde; 12 años de prisión para Rabasco, y 10 años para Aldao.
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