Roma.- El Tribunal Constitucional italiano tendrá que decidir sobre la legalidad de la ley que otorga la inmunidad a los cuatro cargos más importantes del Estado, y permite así suspender los procesos que tiene pendientes el presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi.
El Tribunal Constitucional italiano tendrá que decidir sobre la legalidad de la ley que otorga la inmunidad a los cuatro cargos más importantes del Estado, y permite así suspender los procesos que tiene pendientes el presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi.
Los jueces del Tribunal de Milán, que siguen el juicio contra Berlusconi por irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de su empresa de su propiedad Mediaset, acogieron hoy el recurso presentado por el fiscal Fabio De Pasquale sobre la "inconstitucionalidad" de la ley sobre la inmunidad.
Según De Pasquale dicha ley es inconstitucional, ya que viola el artículo 3 de la Carta Magna, que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y fue aprobada por el Parlamento con un procedimiento ordinario y no el que requiere una reforma constitucional.
Los jueces acogieron la petición por lo que decidieron suspender el proceso y enviar las actas del juicio al Tribunal Constitucional para que decida cómo continuar.
Para el abogado de Berlusconi, Niccolo Ghedini, el recurso del fiscal era "infundado y no relevante", y la constitucionalidad de la ley es clara, desde el momento que fue ratificada el pasado 28 de julio por el presidente de la República, Giorgio Napolitano,
En este proceso se juzga las irregularidades en la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset, por un valor de 470 millones de euros, en torno a la cual fue creado un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.
El juicio tendría que haber sido suspendido próximamente con la aplicación de la llamada ley Alfano, que toma el nombre del ministro de Justicia que la ha redactado, y que fue aprobada por el Parlamento el pasado 22 de julio.
La Ley Alfano establece la inmunidad a los presidentes de la República y del Gobierno y a los de la Cámara de Diputados y el Senado y prevé que estos no sean juzgados o investigados durante la duración de su mandato por delitos que no sean relativos a su cargo institucional.
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