La oposición incluye que sea el Gobierno Vasco el que inspeccione los servicios sociales

Vitoria.-  El Parlamento Vasco ha aprobado hoy en Comisión el dictamen sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales, en el que la oposición ha logrado incluir, en contra del criterio del tripartito, que la inspección sobre las prestaciones recaiga en el Gobierno Vasco.

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(EFE)

La parlamentaria del PP Arantxa Quiroga.

La Comisión ha aprobado con el voto del tripartito y del PSE-EE y la abstención del PP y del PCTV-EHAK el dictamen al citado proyecto, que deberá ser ratificado en pleno, y al que los grupos que apoyan al Gobierno van a presentar un voto particular en lo que se refiere a la inspección.

Las enmiendas sobre la inspección, incluidas hoy a propuesta del PP, y con el apoyo del PSE-EE y el PCTV-EHAK, establecen que será el Gobierno Vasco el que ejercerá la función inspectora para "garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ordenadoras de los servicios sociales".

Si finalmente se aprueba la ley con este contenido, los inspectores tendrán consideración de agentes de la autoridad que podrán presentarse sin notificación previa en los establecimientos que presten servicios sociales sujetos a esta norma para hacer todo tipo de comprobaciones.

Hasta el momento, las diputaciones forales, que son las que tienen la competencia en la prestación de los servicios, se han opuesto a que sea el Gobierno Vasco el que inspeccione, al entender que es una invasión de sus competencias.

Por ello, la parlamentaria del PP Arantza Quiroga ha explicado que su grupo sigue dispuesto a lograr un acuerdo con el tripartito que desemboque en una "fórmula" que no resulte conflictiva con ninguna institución.

Quiroga se ha mostrado favorable a que de cara a la ratificación del dictamen en pleno y la consiguiente aprobación de la ley se logre un acuerdo vía enmiendas de transacción en torno a esta función inspectora.

Durante el debate, Gema Zabaleta (PSE-EE) ha dicho que no hay ninguna razón "ni jurídica, ni política ni técnica" para oponerse a esta "alta inspección".

Ante las críticas del PP y del PCTV-EHAK a la fórmula del copago, establecida en la ley, otros grupos han recordado que esa fórmula ya existe y está en vigor en los actuales servicios sociales y lo que se hace ahora es regularlo mejor, con, por ejemplo, la exclusión de la vivienda habitual del beneficiario del cómputo que se realice para el copago de residencias y otras prestaciones asistenciales, excepto si las casas son lujosas y tienen un valor excepcional.

El proyecto, que en pleno también tendrá el apoyo de Aralar, que no tiene presencia en la Comisión de hoy, vertebra los servicios sociales para que no haya diferencias entre los tres territorios históricos.

Establece el derecho de toda persona a acceder a estos servicios y prestaciones, garantiza la igualdad de acceso y fija que los beneficiarios contribuirán a la financiación en función de su renta, aunque "nadie quedará excluido por no disponer de recursos".

La Comisión también ha aprobado el dictamen sobre otro proyecto de ley, el de Apoyo a las Familias, que ha contado con el voto favorable de todos los grupos, excepto el del PCTV-EHAK que se ha abstenido.

El proyecto de ley, con un coste estimado de 1.703 millones de euros para el trienio 2008-2010, recoge ayudas directas por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos y ayudas por excedencias o reducciones de jornada, entre otras.

Entre las iniciativas novedosas figura la creación del Consejo de Familia, la puesta en marcha del Observatorio de la Familia y nuevas medidas de conciliación como programas de educación y tiempo libre dentro de los centros de enseñanza y en horarios extraescolares y periodos vacacionales.