Santiago de Chile.- La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó hoy las condenas a seis antiguos represores, uno de ellos un general retirado de la Fuerza Aérea, por el secuestro calificado (desaparición) de un regidor y militante comunista en 1975, informaron fuentes judiciales.
El falló del tribunal acogió además la demanda presentada por el hijo de la víctima y condenó al Estado a pagar una indemnización de 80 millones de pesos (unos 121.000 dólares) por el daño moral producido por la desaparición de Humberto Fuentes.
En un fallo unánime, la VI Sala del tribunal de alzada ratificó la condena a diez años y un día de prisión para el general retirado de la Fuerza Aérea Freddy Enrique Ruiz Bunger y para Juan Francisco Saavedra Loyola.
Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado y César Palma fueron condenados a cinco años y un día de presidio, y Otto Trujillo Miranda a tres años y un día, mientras que el ex oficial de la Marina Daniel Guimpert Corbalán fue absuelto por comprobarse su falta de participación.
Las condenas tienen que ver con el caso de Humberto Fuentes Rodríguez, regidor del municipio santiaguino de Renca y militante del Partido Comunista, detenido a finales de 1975 por agentes del Comando Conjunto, un organismo represor que agrupaba a miembros de diversas instituciones armadas y de la policía.
Según testimonios, Fuentes, de 59 años, fue detenido en su domicilio por agentes del Comando Conjunto el 4 de noviembre de 1975, tras lo que fue trasladado a la base aérea de Colina, una localidad al norte de Santiago.
A finales de ese año fue sacado de la base junto a otros detenidos e introducido drogado en un helicóptero para ser arrojado al mar.
Sin embargo, Fuentes recobró la conciencia durante el vuelo, por lo que un comando del Ejército que participó en el operativo le golpeó en la cabeza con un hierro, le abrió el estómago con un corvo y lo arrojó al mar desde lo alto.
El falló del tribunal acogió además la demanda presentada por el hijo de la víctima y condenó al Estado a pagar una indemnización de 80 millones de pesos (unos 121.000 dólares) por el daño moral producido por la desaparición de Humberto Fuentes.
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