Palma.- El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Biel Vicens, ha defendido hoy que la Fiscalía es la que debe investigar las supuestas irregularidades económicas detectadas en las obras del metro, y ha asegurado que "aquí no hay ni persecuciones ni comportamientos de este tipo".
El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich (dcha), junto al conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens. EFE/Archivo
Vicens ha recordado que hay un montante gastado de 2,4 millones de euros correspondiente a diversas partidas de las obras del metro del Palma que no están justificadas ni están ejecutadas, como falsos techos, sistemas de extinción de incendios o sistemas de revestimiento.
Con ocasión de un acto informativo celebrado esta mañana, el conseller ha manifestado que la Fiscalía es quien debe estudiar el asunto y decidir si la gestión económica realizada en su día fue "correcta" o "incorrecta".
"Si la gestión se hizo correctamente, no debe de haber ningún problema en que lo investigue la Fiscalía", ha esgrimido el conseller, que ha recordado que en el escrito remitido a los juzgados no se incluye ningún nombre ni acusación concreta por el descuadre del presupuesto de este proyecto.
Entre las posibles irregularidades, Vicens se ha referido a un contrato con la consultora del metro valorado en 1,3 millones de euros, por lo que la Conselleria le ha requerido el mismo, si bien la empresa "responde con evasivas".
"No denuncio ni acuso a ninguno; es la Fiscalía quien debe investigar", ha insistido el titular de Movilidad.
Vicens ha pedido al PP que "deje de confundir a la gente" porque el metro, en la pasada legislatura, tuvo una "gestión por lo menos irregular", por lo que la Fiscalía "debe investigar si hay algo irregular y ya está".
Desde la Conselleria de Movilidad se está "actuando de manera transparente desde el principio", ha defendido el conseller, quien ha calificado de "desastre" los trabajos de construcción de las obras y de apertura del metro.
El arreglo de las deficiencias del metro, ha recordado el conseller, ha supuesto un coste de 28 millones de euros a los ciudadanos de las Islas Baleares.
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