Málaga.- Los detenidos en la operación contra la corrupción urbanística desarrollada por la Guardia Civil en Alcaucín (Málaga) pasarán a disposición judicial mañana, cuando se cumple el plazo de 72 horas que marca la ley, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.
Tras la puesta en libertad este fin de semana de dos de los trece detenidos -la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña y la hija de uno de los empresarios arrestados-, son once los que permanecen en dependencias del instituto armado, entre ellos el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE).
La operación "Arcos", que dirige el Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, ha destapado una trama que construía urbanizaciones y viviendas aisladas en suelo no urbanizable de la comarca de la Axarquía malagueña, y posteriormente las legalizaba.
Entre los arrestados se encuentran dos hijas del alcalde, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y familiares.
Se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo diversos registros en domicilios, en el Ayuntamiento de Alcaucín y en la Diputación de Málaga.
La institución provincial se ha desvinculado del caso al ceñirlo a la actividad privada del responsable del servicio de Arquitectura detenido, al que se le ha abierto un expediente informativo, según anunció ayer su presidente, Salvador Pendón.
En uno de los registros, llevado a cabo en la casa del alcalde de Alcaucín, la Guardia Civil halló bajo el colchón de una cama varias bolsas que contenían 160.000 euros, según publica hoy el diario SUR de Málaga, que añade que en la operación se han intervenido más de 250.000 euros.
El municipio de Alcaucín, que gobierna José Manuel Martín desde 1991, ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
Ante las críticas del PP, que ha acusado a la Junta de Andalucía de "descontrol urbanístico" y de "mirar para otro lado" en Alcaucín, el consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, recordó que el Gobierno andaluz ha tramitado 21 denuncias de particulares y ha impugnado 27 acuerdos del Ayuntamiento de este municipio, fundamentalmente por licencias "indebidas".
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros, para lo que los empresarios supuestamente pagaban dinero o en especie a los cargos públicos, y después trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos.
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