Buenos Aires.- Un testigo de la causa por el atentado contra una mutualista judía argentina atribuyó el secuestro del que fue víctima este viernes a una presentación judicial en la que pidió investigar por encubrimiento a miembros de los servicios secretos y a la presidenta argentina, Cristina Fernández.
En declaraciones que publican hoy los diarios La Nación y Crítica, el ex secretario judicial Claudio Lifschitz dijo que el rapto y las torturas a las que fue sometido fueron obra del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). EFE/Archivo
En declaraciones que publican hoy los diarios La Nación y Crítica, el ex secretario judicial Claudio Lifschitz dijo que el rapto y las torturas a las que fue sometido fueron obra del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).
"Fue la SIDE", sentenció el abogado, quien este sábado contó que el viernes fue secuestrado por desconocidos cuando se trasladaba en su auto por el barrio de Villa Devoto, en el noroeste de Buenos Aires.
"Me obligaron a bajar del coche, me subieron a una camioneta y me llevaron. Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza y con un soplete me escribieron en el brazo y en la espalda AMIA", dijo en alusión a las siglas de la Asociación Mutual Israelita Argentina, blanco de un atentado que en julio de 1994 causó 85 muertos.
Lifschitz señaló que los secuestradores estaban "muy interesados en un casete que vinculaba a iraníes con la causa AMIA" y destacó que le exigieron que se dejara "de joder" con la SIDE, antes de ser liberado en la zona sur de la capital argentina.
En sus declaraciones a La Nación y Critica, el letrado insistió en vincular este hecho con un escrito que presentó la última semana ante el juez Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa por presuntas irregularidades en la investigación del ataque terrorista.
En su presentación, Lifschitz pidió que se investigue por encubrimiento a Cristina Fernández, al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) y a varios agentes de la SIDE, entre otros.
En 2000 Claudio Lifschitz se presentó en el Parlamento y denunció que el juez federal Juan José Galeano había cometido irregularidades en la investigación del ataque contra la AMIA, que la Justicia argentina adjudica a Irán y al grupo islámico Hizbulá.
Entre otros, el juez Lijo ha procesado a Galeano, quien finalmente fue cesado en 2005 por "mal desempeño, y al antiguo jefe de los servicios secretos Hugo Anzorreguy.
Este último admitió haber dado 400.000 dólares a Galeano, quien a su vez entregó el dinero a un tercero para que incriminara a policías en el atentado contra la mutualista judía.
Veintidós personas, entre ellas varios ex policías, acusados de complicidad en el ataque, fueron absueltos por falta de pruebas en septiembre de 2004, después de casi tres años de juicio oral.
El de la mutualista fue el segundo de los ataques terroristas contra objetivos judíos cometidos en Argentina, donde en 1992 el estallido de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires causó la muerte de 29 personas.
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