Quito.- La empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC-Ecuador) informó hoy de que ha tramitado una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la disputa que mantiene con Ecuador, que le impide desarrollar sus actividades en el país.
La empresa considera que "Ecuador no ha respetado el régimen de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, establecido en el Convenio firmado entre Ecuador y Argentina y vigente desde el año 1995". EFE/Archivo
CGC-Ecuador denunció mediante un comunicado que "durante más de 12 años la compañía no ha podido ejercer sus derechos en el país y particularmente sobre una región en la provincia de Pastaza, (este), denominada Bloque 23, donde había firmado un contrato para explorar y, eventualmente, explotar hidrocarburos".
La empresa considera que "Ecuador no ha respetado el régimen de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, establecido en el Convenio firmado entre Ecuador y Argentina y vigente desde el año 1995".
Por ello, "inicia un pleito, que da cumplimiento al procedimiento estipulado", afirma el texto.
La compañía se adjudicó en 1996 un contrato de la explotación, exploración y extracción de crudo en el "Bloque 23" en Pastaza, donde se asientan varias comunidades indígenas, que han impedido la operación de la firma argentina.
Un año y medio después de que se suscribiera el contrato, comenzaron los problemas con las comunidades indígenas que se oponen a la explotación, situación que, acusó la empresa, ninguno de los gobiernos de la última década ha solucionado.
Según la compañía, ya se ha notificado la disputa formal al presidente, Rafael Correa, al ministro de Relaciones Internacionales, Fander Falconí, y al ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, entre otras autoridades competentes en el proceso.
"Con la estrecha colaboración de la embajada argentina en Ecuador, CGC había realizado significativos esfuerzos ante las autoridades del actual Gobierno, tendentes a evitar el inicio de este reclamo ante un tribunal internacional, (...) pero no se obtuvieron los resultados esperados", añade el comunicado.
Asimismo, la firma anuncia que "cumplirá con los procedimientos preestablecidos y agotará todos los medios legales a su alcance para llegar a un acuerdo con el Gobierno, que repare todos los daños que la compañía ha sufrido en sus intentos legítimos por llevar adelante la inversión".
En ese sentido, recordó el plazo de seis meses, previsto en el convenio suscrito por ambos países, para solucionar "mediante consultas amistosas" las diferencias con el Ejecutivo ecuatoriano.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, que produce actualmente unos 500.000 barriles diarios de crudo, de los cuales el 65 por ciento pertenece a la empresa estatal y el resto se reparte una decena de compañías extranjeras que operan en la Amazonía ecuatoriana.
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