Buenos Aires.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, reglamentó hoy la Ley de Bosques luego de un alud registrado este lunes en el noroeste del país y que los ecologistas atribuyeron a los efectos de los masivos desmontes en esa zona.
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán establecer las áreas forestales bajo protección dentro sus territorios y tendrán funciones para controlar que se cumplan con la norma de conservación. EFE/Archivo
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos había sido aprobada por el Parlamento argentino en noviembre de 2007, pero no podía ser aplicada por falta de reglamentación de parte del Ejecutivo.
Aunque el Gobierno atribuyó el alud registrado en la norteña ciudad de Tartagal a las intensas lluvias en áreas de serranías en combinación con la pobreza extrema en las zonas aledañas al río que se desbordó, organizaciones ecologistas como Greenpeace atribuyeron la tragedia a la creciente deforestación de montes nativos para expandir el área agrícola, principalmente para el cultivo de soja.
Si bien Fernández no admitió la relación entre el desmonte y el alud en Tartagal, sí reconoció que "la disminución de los bosques nativos tiene que ver con el avance de la frontera agrícola-ganadera".
"No es novedad que las dos cosas están íntimamente ligadas, pero tampoco podemos convertirnos en los soldados verdes sino en hombres y mujeres con mucha racionalidad, que hagamos sustentable la producción que necesitamos para generar trabajo y riqueza y, al mismo tiempo, el cuidado del medio ambiente", dijo Fernández en un acto en la residencia presidencial.
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán establecer las áreas forestales bajo protección dentro sus territorios y tendrán funciones para controlar que se cumplan con la norma de conservación.
Sin embargo, muchos gobiernos provinciales se escudaban en la falta de reglamentación de la norma para demorar su aplicación.
El decreto de reglamentación firmado hoy por Fernández establece los mecanismos de asistencia financiera y técnica a las provincias para que puedan hacer cumplir la ley.
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