A la izquierda, armados de Blackberries, los representantes legales de Sony, Universal, Warner, EMI y Promusicae. A la derecha, con gesto serio, Pablo Soto escoltado por su familia. En el estrado, cinco abogados y un juez que se acababa de enterar de que le caía encima "semejante pleito, con tanta repercusión". Por toda la sala abarrotada (se ha necesitado la más grande de los juzgados) más prensa de la que nadie esperaba, algún que otro curioso y una veintena de estudiantes venidos en autobús desde Málaga y que han pasado la noche en vela para poder asistir al procedimiento. El juzgado mercantil nº4 de Madrid ha sido el escenario hoy de la primera parte del juicio contra el P2P más importante realizado en España, en el que la patronal y las cuatro grandes discográficas reclaman al desarrollador Pablo Soto 13 millones de euros como compensación por crear "programas para el intercambio ilegal de música protegida".
A la izquierda, Pablo Soto. A la derecha, los representantes de las discográficas y de Promusicae.
"Me piden una cantidad que no tengo. Vivo de alquiler y voy en transporte público. Lo que quieren es publicidad, que estéis aquí", explicaba Soto ante las cámaras. Para él, la "megademanda" tiene como objetivo que en el inconsciente colectivo quede la idea de que diseñar un programa de intercambio p2p es delictivo. Y Soto no ha creado uno, sino tres: Blubster, Piolet y Manolito, y es considerado uno de los grandes expertos mundiales en el tema. "No han podido contra los usuarios, contra las operadoras ni las páginas de links. Sólo les queda ir contra los desarrolladores de software", afirma en un momento en el que Europa (España incluida) está intentando legislar sobre el intercambio de archivos. Él defiende la neutralidad de la herramienta y que el programador no tiene por qué preocuparse del uso de la tecnología que ha creado "igual que un navegador no es diseñado para un tipo de página".
Aunque dice que no es ni un héroe ni un cabeza de turco, sobre Soto planea desde hace casi un año la sombra de una demanda que haría perder el sueño a cualquiera, por la cantidad y porque está a la altura de grandes conflictos como el caso Napster. Está nervioso, confiesa a soitu.es en un pasillo antes de entrar en la sala. Es consciente de que su caso tiene muchas posibilidades de durar años y acabar en el Tribunal Supremo, porque todos tienen la intención de recurrir. "No nos han ofrecido un acuerdo", explica Soto. "Estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo si cesan la actividad y se compensa por ella" —nos dice el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola— "pero es que aún no la han cesado". Para el demandante, la de Soto es "una empresa parasitaria de la nuestra". A la pregunta de si se trata de un chivo expiatorio, responde que se trata "del único caso en España" de creador de tecnología P2P, y pide que le ocurra "lo mismo que pasa en Europa". La principal tesis de la acusación, nos cuenta el abogado Javier de Torres, consiste en demostrar que aunque no hay tecnologías "buenas y malas", el "uso malo" es el fundamental.
Pero lo que para unos es una empresa parasitaria, para otros es creación. "Es un conflicto entre autores y entre industrias, entre el autor de una tecnología, que es la que nos va a sacar de la crisis, y el autor de una obra de entretenimiento, ni siquiera cultura, que está obsoleta", explica uno de los tres abogados de la defensa, Javier de la Cueva. En el centro de la lucha de las discográficas por no cambiar su modelo de negocio se encuentra un chico flaco, rubio, con ojos azul intenso, que a sus 29 años parece mucho más joven de lo que es en realidad. Autodidacta, en el momento de recibir la demanda estaba al frente de una empresa —mp2p Technologies— que empleaba a 9 ingenieros.
A pesar de ser el protagonista Soto ha sido el único que no se ha subido al estrado: las partes han renunciado a su interrogatorio. Han declarado Guisasola, los cuatro representantes legales de las discográficas, tres peritos y un testigo de la defensa. Ni siquiera José Luís Sánchez (Universal) y Juan Carlos García Cuartango (perito de la defensa) han conseguido aumentar la temperatura de la sala tanto como los abogados de las partes. Los abogados David Bravo y Javier de la Cueva han destacado por su insistencia en conocer por boca de las discográficas el precio de cada canción descargada —básico en su opinión para calcular la cifra de 13 millones de euros—, algo ante lo que se ha alegado secreto industrial y que ha provocado las protestas de la defensa. También ha desesperado a la acusación Bravo cuando ha reprochado a Sony (en un largo y sinuoso interrogatorio) que mientras en una división edita música, en otra desarrolla sistemas de intercambio de contenidos.
El peso de los demandantes lo ha llevado el abogado Javier de Torres, del bufete Bercovitz, que ha logrado hacer preguntar al juez "¿Pero qué es eso de Jamendo?" después de preguntárselo a cada persona que subía al estrado, con el objetivo de demostrar que la gran plataforma de música copyleft es aún una desconocida. De Torres tampoco ha temblado al cuestionar la cualificación del perito de la defensa Cuartango, sacando de la hemeroteca un encuentro digital en el que el experto respondía "fue bonito mientras duró" cuando se le preguntaba por Napster. "Un ataque ad hominem" desesperado, según la defensa.
En la sesión de hoy se han podido ver algunos de los principales argumentos de las partes —de los que hablamos en un artículo aparte— pero será el próximo jueves, cuando continúe el juicio con más testigos y conclusiones, el momento en el que las dos partes pongan toda la carne en el asador. Acabado el juicio todos decían estar contentos. Ha sido en lo único en lo que defensa y acusación, después de más de cinco horas de testimonios, han logrado ponerse de acuerdo.
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