Montevideo.- Un montevideano se encadenó hoy a las puertas de la Intendencia (ayuntamiento) de la capital uruguaya para reclamar un empleo público que había ganado en concurso y que se le negaba por ser obeso.
Méndez y otras cuatro personas obesas habían sido seleccionadas para ese puesto entre 16.000 concursantes, pero la Intendencia se negó a concederles el empleo hasta que adelgazasen. EFE/Archivo
Finalmente, Roberto Méndez logró que el director de Recursos Humanos de la Intendencia, Pablo Anzalone, firmara una autorización que le permitirá trabajar como conductor de vehículos de recolección de basura.
Méndez y otras cuatro personas obesas habían sido seleccionadas para ese puesto entre 16.000 concursantes, pero la Intendencia se negó a concederles el empleo hasta que adelgazasen, explicó a Efe el portavoz de Gordos Organizados de Uruguay (GOU), Luis Cherro.
"Ellos quedaron entre los 30 puntajes mejores y, cuando se presentaron a trabajar, la Intendencia de Montevideo los discriminó", aseveró.
El portavoz de GOU aseguró que el director de Recursos Humanos del Gobierno capitalino "los obligó a bajar en tiempo récord una gran cantidad de kilos".
Méndez, quien fue instado a pasar de 120 kilos a 92, logró adelgazar 20 kilos en un mes, lo que "hizo que se desmayase en varias oportunidades" y "aun así no llegaba al índice de masa corporal requerido", lamentó Cherro.
El afectado fue recibiendo vanas promesas de la Intendencia, que en ningún momento llegaron a concretarse, agregó.
Ante esta situación, Méndez decidió encadenarse hoy frente a la Intendencia de Montevideo y protestar públicamente por la "discriminación de los gordos por parte de este Gobierno", relató el portavoz de GOU.
Añadió que Méndez pretendía denunciar también el "clientelismo político" de la Intendencia, a la que acusó de contratar de forma irregular a "varias personas vinculadas al Frente Amplio", la colación de izquierda que gobierna en Montevideo y en Uruguay.
Al conocer que Méndez estaba encadenado, Anzalone le pidió que abandonase su postura y le invitó a dialogar en la sede del Gobierno municipal.
"Finalmente, él y otros tres compañeros lograron ser admitidos: Anzalone firmó un papel autorizando su ejercicio", relató Cherro, quien subrayó que "falta saber qué pasará con el quinto compañero".
El portavoz de Gordos Organizados de Uruguay lamentó que Méndez "tuviera que rebajarse y encadenarse para exigir algo que había ganado por sus propios méritos".
Para Cherro, este episodio es "una muestra más" de la discriminación a la que están sometidos los obsesos en Uruguay, país donde, aseguró, "el 60 por ciento de los ciudadanos tiene algún problema de sobrepeso".
Su asociación pide que la obesidad sea declarada enfermedad crónica y exige la aprobación de una ley que regule los derechos de las personas que la padecen.
El pasado junio, el Senado uruguayo aprobó el proyecto de ley que obliga a los comercios a disponer de tallas de ropa que respondan a las características antropométricas de la población.
"La obesidad es la epidemia del siglo XXI", manifestó Cherro, quien aseguró que "la Organización Mundial de la Salud pronosticó que en 10 años Uruguay tendrá un 70 por ciento de personas con sobrepeso".
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