Salamanca.- Responsables de CC.OO. y de UGT han aseverado hoy en Salamanca que "el 80 por ciento del gasto que se genera por enfermedades del trabajo corre a cargo del Sistema Público de Salud" cuando deberían ser "las mutuas de accidentes laborales las que afrontaran" este desembolso.
El responsable de riesgos laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), José Ignacio Torres, participa en el X Encuentro Euroamericano de Riesgo y Trabajo, en una jornada celebrada en Salamanca en la que también intervendrán los secretarios de Salud Laboral de CCOO Y UGT.
Así lo han explicado en declaraciones a Efe el secretario de Salud Laboral de CC.OO., Pedro Linares, y el coordinador de la Secretaría de Salud Laboral de UGT, Emilio González, tras participar en el X Encuentro Euroamericano de Riesgo y Trabajo, que hasta mañana se celebra en la Universidad de Salamanca (USAL).
Ambos sindicalistas han coincidido en la necesidad de establecer "una conexión entre enfermedad y trabajo" porque, según González, "es lo que te permite hacer prevención".
A su juicio, en los momentos actuales tal y como está la legislación vigente que regula la siniestralidad laboral "se está dando mucha pérdida de recurso social el hecho de que no se luche contra las patologías laborales".
El problema surge, en palabras de Linares, porque "el modelo de enfermedad laboral desde el punto de vista legal tiene un corsé muy cerrado y está sujeto a una lista", lo cual impide, según ha añadido, que el "resto de las patologías puedan tratarse desde un punto de vista preventivo".
En este sentido, ha advertido que al no considerarse así "hay una transferencia de lo que son los daños producidos en el trabajo al Sistema Público de Salud", una situación que, en su opinión, "hay que corregir".
Según las estimaciones realizadas por CC.OO., "en torno al 80 por ciento del gasto que se genera por enfermedades del trabajo se está realizando a través del Sistema Público y no por mutuas de accidentes de trabajo como debería hacerse".
Por otro lado y sobre la incidencia de la crisis económica en los índices de siniestralidad laboral, Pedro Linares ha señalado que la reducción que se está registrando se debe, sobre todo, "al descenso de la actividad".
De ahí, que su sindicato haya apostado "por un cambio en el modelo de producción" que esté basado, ha aseverado, "en la incorporación de valor añadido por parte de la mano de obra, así como de mayores niveles de formación y de prevención".
Para Emilio González, la crisis "va a desenmascarar la precariedad en el empleo", una realidad que, según ha observado, "implica un aprendizaje necesario y que nos va a permitir tomar medidas preventivas desde la propia organización del trabajo".
Asimismo, ha abogado "por convivir y competir en igualdad de condiciones dentro de los centros de trabajo con el objetivo de acabar con una gran parte de la siniestralidad silenciada de este país".
El X Encuentro Euroamericano de Riesgo y Trabajo ha contado también con la intervención del responsable del Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), José Ignacio Torres, quien ha sustituido al secretario general de esta organización, Elías Aparicio Bravo.
Torres ha manifestado que las pymes llevan ya "bastante tiempo implicadas en la actividad preventiva", lo cual no significa, ha proseguido, que "las empresas más pequeñas necesiten de apoyos de todo tipo tanto públicos como privados".
Sin embargo, ha observado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está basada en una serie de obligaciones que "no encajan en la mayoría de las empresas, dado que la media de plantilla es de cuatro trabajadores".
Por último, ha lanzado el mensaje de que la prevención "no está asociada a un gasto, sino a una inversión" que "se nota y es demostrable en el balance de resultados", ha concluido.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Concepción Pascual, ha manifestado que el índice de incidencia (número de accidentes por cada 100.000 trabajadores) ha supuesto en julio de 2009 una disminución del 22,8 por ciento respecto a ese mismo mes de 2008, una reducción que en una parte, según ha concluido, "es imputable a la menor carga de trabajo.
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