La Paz.- Indígenas de Bolivia presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para que trate de evitar que Brasil construya dos represas en un río fronterizo en la amazonía, informó hoy la abogada del grupo, Elizabeth Mamani.
Mamami, también vicepresidenta del Foro Boliviano de Medio Ambiente (FOBOMADE), aseguró a Efe que quieren que esa entidad intervenga en el problema, porque Brasil cometió una "violación sistemática" de principios legales y convenios internacionales.
La demanda fue firmada por representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del departamento de Pando, fronterizo con Brasil, y de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia.
Las represas se levantarán en el río Madera y permitirán la construcción de dos hidroeléctricas consideradas estratégicas por Brasil, que con esas plantas aspira a generar 6.450 megavatios, equivalentes a casi el ocho por ciento de la demanda nacional.
Mamami dijo que esperan que la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), evite la construcción de las dos represas, Santo Antonio y Girao.
El lunes pasado el consorcio Furnas y Odebretch obtuvo la licencia en Brasil para la construcción de la primera represa.
Según la abogada, en el marco del derecho internacional, Brasil ha omitido principios como la relación "de buena fe", ya que no notificó a Bolivia su plan para construir las represas ni las evaluaciones ambientales.
Agregó que Brasil trasgredió, además, el principio "precautorio", por el cual se prevé que un Estado no cause daños a otro vecino en casos como este, pues estudios señalan que la represa tendrá impactos en el medioambiente brasileño, boliviano e incluso peruano.
Las organizaciones campesinas que viven en el lugar denunciaron que la represa tendrá serios impactos sobre su calidad de vida, además de causar inundaciones y su emigración a las urbes, donde, sostienen, engrosarán los cinturones de pobreza.
"La violación de principios entre Estados está poniendo en riesgo inminente de violación a los derechos humanos", añadió Mamami.
La letrada insistió en que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) en marzo pasado identificó que la evaluación de impacto ambiental de las represas no era completa.
No obstante, el Gobierno de Brasil explicó que la decisión de emprender las obras se tomó "con base en completos y fundamentados análisis de sus implicaciones económicas, sociales y ambientales".
El Gobierno boliviano ha expresado en reiteradas ocasiones a su par de Brasil su preocupación por las consecuencias "medioambientales, económicas y sociales" que puede generar la construcción de las dos represas.
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