Garzón termina con la "impunidad del franquismo": razones y decisiones

Los crímenes de la guerra civil y la 'causa general' abierta por los golpistas durante los primeros años de la dictadura han quedado impunes durante la democracia. Así de tajante se ha manifestado el magistrado Baltasar Garzón en el auto en el que se declara competente para investigar este caso. El magistrado ordena la búsqueda y exhumación de las miles de víctimas que descansan en el anonimato de las fosas comunes repartidas por toda España.

El magistrado utiliza los siguientes argumentos jurídicos para declararse competente en la investigación del franquismo, encausar —o en caso de que estén muertos, declarar la extinción del delito— a los máximos dirigentes de la dictadura y de Falange Española, así como ordenar la búsqueda, identificación y exhumación de fosas comunes:

• Los hechos nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española. "La impunidad ha sido la regla frente a los acontecimientos que podrían revestir la calificación de crímenes contra la humanidad", afirma.
• No se trata, según el juez, de hacer una 'causa general' de la guerra y la dictadura —como sí hicieron los golpistas tras la victoria del 39—, sino investigar las desapariciones forzosas llevadas a cabo durante la contienda y la posguerra.
• La sublevación militar "estuvo fuera de toda legalidad" y constituyó "un atentado contra la forma de Gobierno legítimo de España". Los golpistas "indujeron y ordenaron las previas, simultáneas y posteriores matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas de los opositores políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas".
• A diferencia de las familias de los fallecidos en el bando vencedor, los vencidos no tuvieron reparación: ni localización, ni identificación. Sino todo lo contario.
• Las actuaciones de los golpistas que "propiciaron, participaron, desarrollaron y ejecutaron" las acciones a partir del 18 de julio de 1936 constituyen un delito de crímenes contra la humanidad.
• Exactamente cometieron el delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, recogido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.

¿Qué decisiones adopta el magistrado?

• Declararse competente en la causa de investigar las desapariciones forzosas.
• Solicitar información —en la mayoría de los casos el certificado de defunción— de los militares que participaron en el golpe de Estado (empezando por el general Francisco Franco) y de los dirigentes de Falange Española hasta finales de 1951.
• Autorizar las exhumaciones solicitadas en los municipios de Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos); La Robla (Ponferrada); Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León); Córdoba; La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva); Fuerte San Cristóbal (Navarra); La Serna (Madrid); y la fosa de Víznar (Granada), donde al parecer se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca.
• Para llevar a cabo estas exhumaciones, Garzón ordena la creación de un grupo de expertos (cinco propuestos por las asociaciones y dos por el Juzgado) para analizar y valorar la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos. Así mismo se crea un grupo (de diez funcionarios) de la Policía Judicial para que facilite el trabajo de los expertos, todo con la autorización de los tribunales competentes de cada territorio.

"Hoy hace exactamente 72 años que asesinaron a mi abuelo"

Todo esto era lo que venían reclamando las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica desde hace años. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, "está filpando" con el auto y hoy se mezcla en él la sensación de satisfacción y una enorme emoción. "Hoy precisamente se cumplen 72 años desde que asesinaron a mi abuelo los franquistas", comenta Silva.

Su asociación seguirá desempolvando cunetas, huertas y tapias de cementerios, como lo vienen haciendo de forma voluntaria y altruista desde hace ocho años. "Lo seguiremos haciendo con el cobijo legal —ahora actúan en una situación de alegalidad, ya que sólo les requieren una autorización sanitaria del municipio—", explica el presidente de la ARMH. Además, Emilio Silva espera reunirse con el magistrado en los próximos días, "porque me preocupa que los expertos encargados ahora de las exhumaciones no tengan empatía con las familias de los desenterrados". Y es que, como recuerda, la exhumación "es parte fundamental de la reparación" del daño cometido.

El trabajo que tiene por delante ahora la Audiencia Nacional es ingente. Finalmente, y a la espera de que se amplíen y revisen todos los casos, son 114.266 casos con nombre y apellidos de personas que fueron asesinadas durante la guerra y el franquismo y cuyos cadáveres no han podido ser localizados hasta el momento.