El culebrón de la causa sobre los crímenes en el franquismo se ha saldado de una forma para muchos inesperada. Y es que el juez Garzón ha decidido inhibirse de la causa en favor de los juzgados territoriales, al considerar que la responsabilidad penal del dictador Franco y de otros 44 altos mandos de su régimen se había extinguido debido a la muerte de todos ellos. El juez sustenta su decisión de inhibirse señalando que, una vez extinguida la responsabilidad penal de los imputados, "la competencia para la continuación de la investigación tiene lugar en un marco competencial diferente a la Audiencia Nacional"
La Fiscalía había tejido un argumentario, endeble en algunos puntos, para rechazar la competencia del juez Garzón y frenar el proceso: que si debía amnistiarse a los responsables, que si la Ley de Memoria Histórica ya se ocupaba suficientemente de las víctimas, que si el delito había prescrito, que si se trataba de delitos comunes... Y, finalmente, ha sido la muerte de los responsables el detonante de la inhibición del juez Garzón.
Puede decirse que al final el argumento más frágil ha sido el que ha prosperado definitivamente, ya que, según fuentes de la Audiencia Nacional, con que sólo uno de los altos mandos estuviera con vida, habría sido suficiente para que el proceso hubiera continuado con sede en la Audiencia.
Con esta decisión no se cierra la posibilidad de hallar a otros autores de las muertes causadas en el franquismo, ya que como explica Garzón en el auto, su inhibición se ha tomado "sin perjuicio de la decisión de los Tribunales competentes a quienes corresponda decidir en definitiva, respecto de otros posibles responsables que no estarían en el nivel dirigente".
Sin embargo, con la extirpación del proceso del seno de la Audiencia Nacional, a falta de posibles recursos, la decisión pasa a depender del criterio de los Juzgados de Instrucción de aquellos municipios donde existen fosas comunes, por lo que puede producirse una disparidad de actuaciones en función de los diferentes criterios de estos órganos, así como una descentralización de las reivindicaciones.
A pesar de que los razonamientos de Garzón y de la Fiscalía han desembocado en el mismo punto, esto es, la inhibición del juez, ambos han seguido caminos muy, pero que muy diferentes. De hecho, Garzón se ha encargado de marcar distancias con respecto al Ministerio Público en prácticamente todas las páginas de las 152 que componen el auto que hoy se ha conocido. Algunos de los momentos de mayor intensidad en este fuego cruzado, que podrían incluso llegar a hacer pensar que los autos judiciales son entretenidos, son los que siguen:
Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación y la emprendió con el ímpetu y la determinación con los que acostumbra. Sin embargo, cuando se cumple un mes y dos días de aquella decisión, ahora parece desinflarse y se inhibe en favor de los juzgados territoriales. ¿Qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo? Fuentes de la Audiencia justifican la postura de Garzón y afirman que ése es el tiempo que ha tardado el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco en constatar formalmente el fallecimiento del amplio listado de altos mandos. Ni más ni menos.
El propio juez, en su auto, justifica su decisión al mismo tiempo que se atribuye el mérito de haber dado comienzo a esta investigación: "Este juzgado ha dado los primeros pasos, absolutamente urgentes y necesarios, para posibilitar la acción de la justicia y de ahí también que dicte esta resolución en este momento (...), para permitir que la actividad procesal continúe a fin de no perjudicar a las víctimas que, se intuye, deben estar cuando menos perplejas de la situación procesal de la causa".
Sin embargo, esta explicación no satisface a todo el mundo. Por ejemplo, desde algunas fuentes judiciales se baraja la posibilidad de que, con esta decisión, el magistrado esté tratando de evitar que se le declare incompetente en la investigación, según afirma 'El País'. Garzón se estaría adelantando así a la decisión que tendría que adoptar, tarde o temprano, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha tanteado, por su parte, la posibilidad de que el juez Garzón se haya visto sometido a "presiones políticas". Silva ha reconocido que, aunque ya barajaba la posibilidad de que la causa fuera cerrada por la Sala de lo Penal, estaba "sorprendido" por que haya sido el propio juez quien ha tomado la decisión.
Como principal novedad, Garzón sostiene en su auto la necesidad de investigar también las desapariciones de niños entre los años 1937 y 1950, en los que se desarrolló "un sistema de desaparición institucionalizado de menores hijos de madres republicanas muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas".
Garzón ha sido hoy protagonista por otra razón. Y es que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado denegar el permiso solicitado por el juez para viajar el próximo viernes a París, donde tenía previsto asistir a un coloquio sobre a lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de la droga. Según el Consejo, el viaje no es conveniente ahora por el volumen e importancia de asuntos pendientes de tramitación en su juzgado.
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