Palma.- El diputado y ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Joan Cardona, y el presidente del PP de Formentera, José M. Alcaraz, han negado cualquier irregularidad en una supuesta red de corrupción que investiga, entre otras cosas, el pago de un envío de publicidad electoral con fondos públicos.
Cardona y Alcaraz fueron interrogados como imputados por la juez instructora del "caso Scala", Piedad Marín, y ambos negaron haber cometido cualquier irregularidad en la contratación y transporte de folletos publicitarios del PP, con un peso de 6.000 kilos y que fueron etiquetados bajo la denominación "Baleares cinco estrellas".
La factura del transporte de esa publicidad, al parecer, fue abonado en la pasada legislatura por el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), el organismo que es objeto de la investigación judicial.
En la causa están imputados, además de Cardona y Alcaraz, la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas, su esposa, la soprano Isabel Rosselló, el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene y otras veinte personas.
Ordinas ha declarado que fue Cardona el que encargó la confección de la propaganda del PP, con expresa orden de que de ello se encargara el publicista Joan Rosselló, también imputado, ya que "quería que le salieran gratis (por los supuestos beneficios económicos que había obtenido por su relación con el CDEIB)", afirmó.
La juez investiga el supuesto cobro ilegal de comisiones por parte de Ordinas y Viaene a diversas empresas y personas que realizaban trabajos por encargo del CDEIB. Ambos se encuentran en libertad bajo fianza de cien mil euros cada uno.
También estuvo presa Isabel Rosselló, que constituyó una fianza de 6.000 euros para abandonar la prisión.
La Fiscalía Anticoprrupción imputa a los principales sospechosos los delitos de malversación, falsedad documental y defraudación a la administración, en una supuesta trama para beneficiar con dinero público y sin concurso previo a las empresas que trabajaron para el Consorcio.
La juez instructora de la causa, asimismo, podría dictar un auto de inhibición a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares debido a la condición de aforado del diputado Cardona.
Si la Sala acepta esa inhibición, sería la segunda causa por supuesta corrupción que asume, tras el "caso Son Oms", en el que está imputado, entre otros, el diputado autonómico Bartomeu Vicens.
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