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Fiscal admite que puede ser discriminatorio negar matrimonio a homosexuales

EFE
Actualizado 08-08-2009 19:14 CET

Buenos Aires.-  El procurador general de Argentina, Esteban Righi, dijo que no se puede desconocer "la realidad que viven" los homosexuales y recomendó que el matrimonio legal entre personas del mismo sexo sea debatido por el Parlamento, informó hoy la prensa local.

Así lo manifestó el titular de la Fiscalía de Estado en un dictamen dirigido a la Corte Suprema de Justicia, que recibió el primer recurso presentado en el país por una pareja de mujeres que reclama su derecho a casarse.

"Ninguna solución sana ha de venir por la vía del desconocimiento de la realidad que viven estos conciudadanos", concluyó el procurador, quien agregó que la "clarificación" de la situación legal que atraviesan las parejas de gais y lesbianas que quieren casarse "es una deuda que el sistema político-jurídico debe saldar".

El recurso judicial presentado en 2007 por María Rachid y Claudia Castro reclama la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil argentino, que aunque no prohíben expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, crean obstáculos que impiden su realización, pues van dirigidos solo a las nupcias entre hombres y mujeres.

Al impedir a una pareja de lesbianas acceder al matrimonio, la legislación actual está violando, según las demandantes, el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución.

En el dictamen dirigido a los jueces de la Corte Suprema, Righi consideró que el máximo tribunal debe arbitrar los medios y mecanismos para que la demanda de Rachid y Castro, a la que luego se sumaron otros reclamos similares, sea debatida por el Parlamento.

"Indudablemente, el ejercicio de la autodeterminación individual es un valor que rescata el derecho contemporáneo, con su mirada puesta en el respeto por la condición humana. Esta perspectiva tiene directa relación con el derecho a la igualdad (y su contracara, la no discriminación)", evaluó el fiscal.

Tras rescatar que, como sostiene la Organización de Naciones Unidas, "no cualquier distinción es discriminatoria; solo lo son aquellas que incurren en arbitrariedad", dijo que la propia jurisprudencia de la Corte argentina señala que la Constitución "asegura un trato legal igualitario para quienes se hallan en similares condiciones".

En caso de que el reclamo de la pareja de mujeres fuera aceptado por el tribunal se abriría la puerta a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país, como ya ocurre en España, Canadá, Sudáfrica, Bélgica, Holanda y Reino Unido.

"La determinación del modelo matrimonial es un problema que excede" a la Corte, dictaminó el procurador, quien consideró que ante la demanda a los jueces les corresponde "adentrarse en la actividad normativa de la nación".

Ante un recurso que "reclama, principalmente, un debate en el seno de nuestra sociedad", Righi advirtió que "no corresponde a los jueces sustituir al Parlamento" y sostuvo que este asunto debe ser sometido a "la discusión pública, con participación de todos los sectores, los aportes técnicos y el estudio de los antecedentes a nivel mundial".

En 2007, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de Argentina en permitir la unión entre parejas del mismo sexo con la aprobación legislativa de la ley de unión civil entre homosexuales, mientras que luego se sumaron otras localidades.

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