Las 10 respuestas socialistas a Internet

El PSOE responde a la iniciativa 10 Preguntas, contestando a las cuestiones enviadas y votadas por la ciudadanía durante los últimos dos meses. El canon, la monarquía, el concordato, la política de inmigración o la crisis económica son analizadas por el partido socialista.

1. ¿Qué postura tienen respecto al polémico Canon?

Desde el PSOE creemos que el canon digital puede no ser una solución teórica perfecta, pero creemos que hasta el momento es la más eficaz para dar solución a las necesidades de creadores y usuarios. El Gobierno de España debe apoyar y proteger a los creadores porque sabemos que sólo hay cultura, sólo hay arte, sólo hay creación si hay creadores. Además, la industria cultural mueve un importante número de puestos de trabajo (músicos, intérpretes, diseñadores, estudios de grabación, etc.). Si las creaciones circulan y pueden ser copiadas de manera indiscriminada, los autores e intérpretes deben recibir una compensación. Para ello, el Gobierno ha conseguido que esa compensación sea equilibrada y lo menos gravosa posible para el ciudadano.

Por otra parte, el Gobierno no impone nada, ni grava nada, sino que media entre unos y otros. Su propuesta de tarifas de canon se produce una vez que las entidades de gestión de derechos de autor y la industria informática no llegaron a un acuerdo. De este modo, el Gobierno actúa por responsabilidad; de no existir una regulación del canon se podría producir un largo proceso judicial de resultados inciertos que sería más dañino para la extensión de la sociedad de la información y contraproducente para todos: creadores, ciudadanos e industria informática.

5. ¿Para cuándo una ley de enjuiciamiento criminal modificada?

Con el Código Penal de 1995, impulsado por el PSOE, desaparecen tanto la redención como el “automatismo en los beneficios penitenciarios” para todos los delincuentes. En el artículo 90 del Código Penal se establecen los requisitos para computar la libertad condicional y los beneficios penitenciarios, entre los que se encuentra la necesidad de un informe favorable individualizado. El artículo 76 del Código Penal de 1995 establece la acumulación de las penas y lo único que hace el PP en su posterior reforma es subir el límite máximo de los 30 años a un máximo de 40. Debe quedar claro que la regla del cumplimiento efectivo de todas las penas es del Gobierno socialista, lo único que hace el PP es elevar el límite máximo. Las penas en nuestro país ya se cumplen efectivamente desde el Código Penal de la democracia aprobado en 1995 a instancias socialistas. No obstante, mejoraremos, en una nueva Ley de enjuiciamiento Criminal, los instrumentos legales para hacer más eficaz la persecución de los delitos.

6. ¿Es admisible una monarquía en nuestros tiempos?

El pueblo español aprobó la Constitución que establece en el artículo 1.3 que el modelo de gobierno de España se basa en una monarquía parlamentaria, uniéndose así al estilo liberal y democrático de otros países europeos. La monarquía parlamentaria es el sistema de gobierno en el que el rey ejerce la función de Jefe del Estado bajo el control del poder Legislativo (Parlamento) y del poder Ejecutivo (Gobierno), es decir, el rey reina pero no gobierna. Todos “los actos del Rey” necesitan para ser eficaces el refrendo del presidente del Gobierno o del ministro competente en la materia.

Además, también debemos señalar el papel trascendental que desempeñó Juan Carlos I en el impulso de la democracia y el desarrollo económico y social de la España democrática. La monarquía parlamentaria en España es sinónimo de encuentro y consenso entre españoles a favor de valores democrático y de convivencia entre españoles. Es precisamente la conciencia que los ciudadanos españoles tenemos del servicio público que ha desarrollado la Corona en la democracia lo que le ha hecho ganar el reconocimiento y el valor de concordia que ha desempañado Juan Carlos I. Este papel también queda reconocido en el exterior, muchos ciudadanos y Estados extranjeros aprecian la figura del Rey consolidando la imagen internacional de España.

8. ¿Qué pasará con la crisis inmobiliaria?

La desaceleración de la construcción era previsible y por eso llevamos toda la legislatura preparándonos para reorientar el modelo de crecimiento hacia la productividad. El proceso de desaceleración en la construcción ha ido más rápido debido a la crisis financiera internacional. En el programa electoral llevamos una serie de medidas para activar el sector de la construcción, vamos a seguir destinando una gran cantidad de recursos a mejorar las infraestructuras de transporte de este país a través del PEIT. Extenderemos la red ferroviaria de altas prestaciones que nos permita situar España a la vanguardia del transporte: seremos el primer país del mundo en kilómetros de AVE y potenciaremos el transporte de mercancías por ferrocarril. Vamos a mantener el impulso a la vivienda de protección oficial con la promoción de 1.500.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos diez años. 900.000 de ellas destinadas a la compra y 600.000 al alquiler. Promoveremos una fuerte política e impulso al alquiler, con ayudas para inquilinos, propietarios y promotores, y extenderemos las ayudas a la rehabilitación y a la renovación urbana.

Por otra parte, el Gobierno ha acordado recientemente una línea de avales del ICO de tres mil millones de euros para facilitar la financiación de la adquisición de vivienda de protección oficial y se va a aprobar una nueva Orden Ministerial de tasación que clarifica las implicaciones a efectos de valoración de la Ley del Suelo y hemos ordenado a los Ministerios inversores que aceleren las licitaciones de obra pública con el fin de facilitar la actividad del sector y promover el empleo. Asimismo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, elaboraremos un Plan Renove de Viviendas.

9. ¿Es posible derogar el concordato?

La posibilidad de renegociar los Acuerdos con la Santa Sede siempre está abierta, pero siempre que se abra se hará para hacerlo con diálogo y consenso.

10. ¿Cuál es su política de inmigración?

El Gobierno socialista es el primer Ejecutivo que ha elaborado una política de extranjería e inmigración integral, coherente, estable y concertada que sustituye la política oportunista y vacilante del Gobierno PP. Vamos a consolidar una política basada en tres grandes ejes de actuación: canalización ordenada de los flujos migratorios, la lucha contra la inmigración ilegal y la integración de la personas inmigrantes en la sociedad española.

Se ha impulsado una política migratoria concertada con la Unión Europea: la inmigración forma parte de la Agenda europea, debido fundamentalmente a iniciativas del Gobierno de España. Se han producido importantes pronunciamientos y actuaciones de la UE : Adopción por el Consejo Europeo del Enfoque Global sobre Migración, la creación y consolidación de la Agencia Europea de Fronteras y el importante aumento de los Fondos en materia de inmigración. Vamos a poner todo el empeño en instaurar una política común integral de inmigración en la UE. Trabajaremos para alcanzar la plena capacidad operativa autónoma y permanente de FRONTEX y propondremos la creación de una Policía Común de Fronteras. Y seguiremos impulsando acciones de codesarrollo entre los emigrantes y sus comunidades de origen.

Por otra parte, se ha ampliado la cooperación con los países de origen transito y destino de inmigrantes para regular los flujos migratorios: hemos mejorado los Acuerdos de Readmisión y hemos intensificado los esfuerzos para completar la red logrando la firma con países prioritarios como Senegal, Mali, Ghana, Camerún y Costa de Marfil.

Asimismo, se han superado las dificultades y se han mejorado las relaciones con Marruecos, logrando una plena colaboración y obteniendo una implicación activa en la lucha contra la inmigración ilegal y en el de los menores extranjeros. Y también, se ha facilitado e incrementado las contrataciones en origen. Y, finalmente, se ha aumentado de manera muy importante el dialogo con los países del África Subsahariana, Senegal y Mauritania, con quienes se mantiene una estrecha relación para disuadir la inmigración irregular y cambiar los flujos ilegales por contrataciones legales en función de las demandas del mercado laboral.

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