Si Bush reclamaba a China respeto por los Derechos Humanos, desde su país ha llegado esta semana otro ejemplo para su causa particular. Un segundo inmigrante latino fue ejecutado en el estado de Texas en menos de tres días. Y lo ha sido también en contra de la opinión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al existir dudas sobre la aplicación de los compromisos internacionales de EEUU en materia de asesoramiento consular.
El hondureño Heliberto Chi y el mexicano José Ernesto Medellín se habían convertido en los mejores amigos del 'corredor de la muerte' del penal Huntsville, donde estaban condenados por asesinato. También se han convertido esta semana en los reos 409 y 410 en ser ejecutados en Texas desde diciembre de 1982.
A ambos les ha matado un combinado de tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio, inyectado en vena mientras permanecían atados a una camilla y un reducido grupo de personas (familiares, periodistas y curiosos) contemplaban sus últimos minutos de vida.
Hace unos meses, el Tribunal Supremo de EEUU declaró que este sistema de ejecución no suponía una práctica cruel e inconstitucional, tal y como entendían dos reos de Kentucky, y decidió levantar la moratoria decretada a finales de 2007.
Tampoco a ninguno de los dos les sirvió la petición hecha por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La institución había solicitado el aplazamiento de las ejecuciones de los reos cuyos países de origen hubieran firmado la Convención de Viena (1963), que también compromete a Estados Unidos. Este documento garantiza la asistencia consular en el momento de la detención. Y parece que en ambos casos, esta garantía no se aplicó. Texas ha ignorado esta petición del CIJ y parece que lo va a seguir haciendo.
No quiere dejar de ser el estado que más ejecuciones ha llevado a cabo desde la restauración de la pena capital en el país en 1976 (a petición, por cierto, de un reo que no quería pasar toda su vida en la cárcel). De las más de 1.100 condenas de muerte aplicadas desde esa fecha, más de un tercio han sido dentro de los límites de este estado sureño. El actual gobernador, Rick Perry lleva en su lista particular 210 ejecuciones durante los nueve años de cargo. Su predecesor tampoco se quedó corto y autorizó la muerte de 114 reos: era George W. Bush.
Mientras que organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea o la ONU han exigido la abolición de esta práctica, en Texas goza de un apoyo popular bastante considerable. Hasta tal punto es una práctica habitual (en lo que va de década han sido ejecutados 210 reos) que el Gobierno federal ha creado una base de datos accesible en internet donde se lleva un registro minucioso de los ajusticiados y de los que esperan su momento (más de 350) en el 'corredor de la muerte'. Además, uno puede conocer con todo lujo de detalles el historial personal y delictivo de los presos, incluso sus últimas palabras antes de expirar.
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