¿A quién beneficia la extradición de paramilitares colombianos a EEUU?

El martes a las 5:30 de la madrugada despegaba del aeropuerto el dorado de Bogotá un avión fletado por la DEA para hacer efectiva la extradición de 14 paramilitares requeridos por la justicia norteamericana acusados de narcotráfico. Esta decisión sorpresiva del gobierno Uribe abre varias incógnitas en el país andino, no solo por la crisis profunda que vive el congreso y el Gobierno debido a sus nexos económicos y políticos con estos delincuentes, sino que deja en vilo los procesos de verdad justicia y reparación que se adelantan en su contra.

Actualmente los líderes paramilitares extraditados como Salvatore Mancuso, Jorge 40 o Macaco son juzgados en Colombia por la desaparición, asesinato y desplazamiento de miles de personas durante los últimos veinte años, además de la vinculación con lideres políticos, empresarios y narcotraficantes. Un fenómeno social que buscaba aumentar aun más sus fortunas y cuotas de poder dentro del país.

El presidente Uribe justificaba el traslado de los jefes paramilitares debido a la violación de la llamada "ley de justicia y paz", una ley polémica para las organizaciones de derechos humanos y desarrollada en 2005 para dar paso a la desmovilización de los paramilitares, basándose en tres argumentos: la falta de cooperación con la justicia, debido a que no han presentado todo el material requerido por la justicia; reincidencia desde la prisión, porque continuaban delinquiendo desde sus celdas y por los pocos bienes que han aportado a la justicia, destinados a la reparación de las victimas.

 Por su parte el Embajador norteamericano en Bogotá, William Bronfield, declaraba que esta extradición de Estados Unidos a Colombia los hace mejores países y que  "el objetivo del gobierno de los Estados Unidos es ofrecer máxima sanción y reparación", enfatizó. En opinión de la portavoz de la casa blanca Dana Perino, este un gran paso para la aprobación del TLC en el congreso norteamericano, que tiene un fuerte rechazo demócrata por las violaciones de derechos humanos de la administración Uribe.

De hecho, hace pocos días el líder paramilitar Salvatore Mancuso, acusaba directamente a las bananeras norteamericanas de pagar de buena gana a los paramilitares para brindarles protección y apoyo en sus zonas de influencia, como Chiquita Brands que fue condenada a pagar una indemnización por los nexos con este grupo ilegal.

La otra cara de la moneda

Una postura muy diferente es las que mantienen los abogados de los jefes paramilitares, quienes consideran que el Gobierno busca evitar las revelaciones de la parapolítica y así "cortar de tajo a la Corte Suprema de Justicia, no sólo con las revelaciones de relaciones de los políticos con las autodefensas sino además con lo que se empezaba a vislumbrar en las versiones libres sobre la implicación de militares" en crímenes atroces cometidos con los paramilitares. Además en Estados Unidos sus clientes se podrían concentrar solo en los cargos que tienen en ese país, como narcotráfico y lavado de dinero, pero no por delitos de lesa humanidad, con lo cual los ex paramilitares tendrán libertad para decidir si quieren cooperar o no en los procesos de Colombia.

Para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación las extradiciones han generado un desconcierto en las victimas y confían en que la cooperación de la justicia Norteamericana y Colombiana tenga en cuenta a las victimas. Por su parte, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) sostiene que las extradiciones dejan en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de estos crímenes. "Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia" asegura Iván Cepeda, líder del Movimiento.   

Actualmente, de los 240 congresistas colombianos, aproximadamente 80 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por nexos con los paramilitares y, de estos, 40 se encuentran detenidos. La mayoría de ellos hacen parte de la coalición que llevo al Gobierno a Álvaro Uribe.